La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por una iniciativa legislativa en Chile que podría dar prisión domiciliaria a personas condenadas por “graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”.
La CIDH, con sede en Washington, recuerda a Chile “la obligación internacional de sancionar a los responsables de crímenes de tal gravedad se puede volver ilusoria debido a la aplicación de beneficios carcelarios que reproducirían una impresión de impunidad”.
La posibilidad de una excarcelación de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet genera polémica.
El Presidente Sebastián Piñera dijo que es favorable a una ley humanitaria para que represores con enfermedades terminales que cumplen condenas en la cárcel de Punta Peuco puedan morir en sus casas, iniciativa de ley que dormía en el parlamento desde 2018.
El proyecto permitiría excarcelar a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena y que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, incluyendo a criminales de lesa humanidad.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que el gobierno estudia los casos de 14 reos, ocho de ellos condenados por delitos comunes y los seis restantes “personas condenadas por delitos de lesa humanidad”.
En medio de la crisis por el nuevo coronavirus, que deja más de 11.000 contagios y 160 muertos en Chile, el Tribunal Constitucional aprobó un indulto del gobierno a unos 1.300 presos por delitos menores, mayores de 75 años, embarazadas y mujeres con hijos.
El indulto excluyó a condenados por delitos de lesa humanidad, como habían propuesto sectores de la coalición oficialista.
La CIDH destacó ese indulto, con el que se busca descongestionar los centros de reclusión ante la crisis sanitaria.
La CIDH, con sede en Washington, recuerda a Chile “la obligación internacional de sancionar a los responsables de crímenes de tal gravedad se puede volver ilusoria debido a la aplicación de beneficios carcelarios que reproducirían una impresión de impunidad”.
La posibilidad de una excarcelación de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet genera polémica.
El Presidente Sebastián Piñera dijo que es favorable a una ley humanitaria para que represores con enfermedades terminales que cumplen condenas en la cárcel de Punta Peuco puedan morir en sus casas, iniciativa de ley que dormía en el parlamento desde 2018.
El proyecto permitiría excarcelar a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena y que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, incluyendo a criminales de lesa humanidad.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que el gobierno estudia los casos de 14 reos, ocho de ellos condenados por delitos comunes y los seis restantes “personas condenadas por delitos de lesa humanidad”.
En medio de la crisis por el nuevo coronavirus, que deja más de 11.000 contagios y 160 muertos en Chile, el Tribunal Constitucional aprobó un indulto del gobierno a unos 1.300 presos por delitos menores, mayores de 75 años, embarazadas y mujeres con hijos.
El indulto excluyó a condenados por delitos de lesa humanidad, como habían propuesto sectores de la coalición oficialista.
La CIDH destacó ese indulto, con el que se busca descongestionar los centros de reclusión ante la crisis sanitaria.
