El exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, uno de los principales ideólogos de la reforma de pensiones, estaba preparando una propuesta alternativa a la impulsada por la ministra del Trabajo Jeannette Jara, quien el viernes le pidió la renuncia tras una denuncia por presunto acoso sexual.

Según informa La Tercera, Larraín venía socializando con varios actores de la industria, desde hace al menos tres semanas, una reforma similar a la que propuso el Centro de Estudios Públicos (CEP) a inicios de abril, cuando los investigadores Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara plantearon una nueva distribución para el 6% de cotización adicional, pero con las mismas alzas en pensiones que buscaba el gobierno.

De acuerdo a fuentes citadas por el diario, la propuesta de Larraín consideraba que no hubiese cuentas nocionales, es decir, cuentas individualizadas en la que se recogen de forma virtual las cotizaciones adicionales del 6% establecidas en la reforma. En cambio, apuntaba a que un 3% se destinara a financiar los seguros sociales que propone el gobierno, y que el otro 3% se destinara a cuentas individuales.

Eso sí, en este último 3% la idea era que primero se aplique un mecanismo redistributivo de ingresos altos, a medios y bajos, es decir, que se incorpore el mecanismo de solidaridad intrageneracional que propone la reforma del gobierno, el cual consiste en que cada mes se suma la totalidad de los recursos aportados por todos los cotizantes y se divide por el número total de afiliados que cotizaron. Y una vez sacado ese cálculo, la novedad ahora era que ello se depositara en la cuenta de capitalización individual de cada cotizante.

¿Cuál es la diferencia con la propuesta que tiene hoy el gobierno en la reforma que ingresó al Congreso? El proyecto actual no contempla que ningún porcentaje vaya a cuentas individuales, sino que el 6% de cotización adicional se destina a un fondo común, donde a las personas se les anota lo que cotizan en una cuenta nocional.

Al momento de anotar eso, se considera el mecanismo redistributivo para una parte de esa cotización extra, es decir, a todos se les registra de forma directa el 70% de lo que cada uno aporta con los recursos del 6%, y con los fondos restantes, que representan el 30% de lo que aportó cada persona con esos 6 puntos porcentuales extra, se aplica solidaridad intrageneracional.

Esta alternativa que estaba socializando Larraín es bastante similar a la distribución de cotización que propuso el gobierno del expresidente Sebastián Piñera cerca de tres meses después del estallido social. Allí se planteaba que un 3% de la cotización adicional se destinara a un fondo de ahorro colectivo solidario para entregar un aporte adicional a jubilados actuales y futuros; y que el otro 3% se fuera a una cuenta personal, que en realidad era lo mismo que una cuenta individual. La idea era que todo este 6% fuese administrado por un ente público, llamado Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS).

En todo caso, la propuesta que estaba socializando Larraín se diferenciaba en algunos puntos a la del CEP, donde se planteaba más cotización a cuentas individuales, pero según los cálculos que sacó el ahora exsubsecretario, se necesitaba al menos un 3% para alcanzar a hacer el pago de los seguros sociales que se proyectan en la reforma.

El CEP propone que 3,5 a 4 puntos vayan a cuentas individuales, manteniendo el factor de solidaridad intrageneracional que establece el gobierno, con un 30% de ellos repartiéndose en partes iguales entre todos los cotizantes.

Y en cuanto al resto de la cotización, esto es, entre 2 y 2,5 puntos, que se usen para pagar los mismos beneficios intra e intergeneracionales que considera el Ejecutivo, esto es, la garantía con solidaridad intergeneracional, el complemento por lagunas previsionales, el complemento por maternidad, el complemento por cuidados a terceros y la compensación por diferencias de expectativas de vida.

En lo que Larraín aún no llegaba a una propuesta final, era respecto a qué hacer con la industria de AFP, donde actualmente la reforma propone centralizar la administración de cuentas en una entidad estatal, y que haya más competencia en inversiones.

Ahí, desde el gobierno hay apertura para escuchar propuestas, pero no habría, por ahora, una única alternativa definida que consiga acercar posiciones con el mundo político. Una alternativa que se baraja es continuar separando las inversiones versus la administración de cuentas, pero que esto último se licite a una entidad privada, como funciona hoy la Administradora de Fondos de Cesantía.