Senadores de Chile Vamos y Demócratas acudieron este lunes a la sede del Tribunal Constitucional (TC) para presentar un requerimiento con el fin de revocar parte de los indultos presidenciales recientemente entregados por el Presidente Gabriel Boric.
En concreto, los legisladores buscan que se anulen seis de los doce indultos entregados a condenados por delitos en el contexto del estallido social, así como también el beneficio entregado al exfrentista Jorge Mateluna.
“Hemos presentado este requerimiento para que respecto a siete beneficiados con los decretos de indulto efectuados por el Presidente de la República sean revisados desde el punto de vista de su juridicidad”, explicó el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.
El presidente de RN acusó que “algunos decretos no están fundados adecuadamente, hay errores de forma en términos de la referencia a los articulados que pudieran permitir que estas personas sean indultadas. No solamente hay errores de hecho, hay errores de forma en los decretos y ciertamente acá el Presidente tiene que dar una señal, queremos pedirle al Presidente Boric que deje sin efecto los decretos”.
En tanto, su par de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, aseveró que “el Presidente de la República sigue teniendo una oportunidad para revocar los indultos (…) Si además de reconocer el error el Presidente se allana a lo que se está planteando hoy en la sede del TC existe una posibilidad real de enmendar esta injusticia”.
Mientras que la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, indicó que en estos siete indultos “se dan circunstancias que ameritan este requerimiento, no es un requerimiento que persiga una disputa política, sino que lo que persigue es que se respete la ley”.
Rincón argumentó que “hay tres principios que tenemos que resguardar, primero el de juricidad, no puede ser que no se respete ni la ley ni la Constitución (…) con uno en específico no se fundó el decreto que lo concedió”.
“Segundo, hay una vulneración de la igualdad ante la ley, se les da indulto a personas sobre otras y no hay ninguna justificación para ello. Y tercero, hay una desviación de poder, acá se revisaron sentencias, se puso en tela juicio la supremacía del Poder Judicial, por parte del Presidente de la República, hay un trasfondo politice en esto”, sentenció.
El documento en cuestión señala que “el Decreto Impugnado (indulto) constituye un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder, donde se ha utilizado la letra y el texto del artículo 32 numeral 14 de nuestra Constitución, para una finalidad distinta a la establecida por el poder constituyente originario y derivado, procediendo inconstitucionalmente a una verdadera revisión de sentencias judiciales, actividad que como hemos señalado es privativa de los órganos que constitucionalmente se encuentran habilitados para ejercer jurisdicción, y que en materia penal, corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia”.