Los diputados de Chile Vamos Frank Sauerbaum (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli) llegaron  hasta la Contraloría General de la República para solicitar un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad y a la legalidad en el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social, luego que se conociera el spot publicitario difundido por el Gobierno sobre la reforma previsional.

En la presentación, las bancadas de diputados del bloque opositor argumentan que “en la dramatización del video se minimiza los argumentos de la oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal, política pública vigente”.

Agregan que el spot fue financiado por la Subsecretaría de Previsión Social mediante un contrato por 430 millones de pesos, “suma que puede aumentarse hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica”, para obtener un producto “tendencioso y favorable a la posición del gobierno sobre una iniciativa que se encuentra en pleno trámite legislativo”.

Los parlamentarios recordaron los límites normativos que tienen los ministerios respecto de gastos, explicando que es evidente “la prohibición de utilizar recursos para campañas que favorezcan al Gobierno si no se pudieren encasillar dentro de los fines institucionales”.

De hecho, afirman, dentro del catálogo de actividades que pudieren calificarse de “gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones institucionales”, no están políticas públicas en fase de diseño ni menos proyectos de ley en trámite legislativo.

El diputado de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum (RN), acusó que “el gobierno está utilizando recursos públicos para poder promocionar una idea de proyecto de ley que no se ha aprobado y está claramente establecido en la norma de administración del Estado que solamente se pueden promover iniciativas ya aprobadas por el Congreso Nacional”.

“El comportamiento del gobierno es difícil de comprender cuando nos llama a un acuerdo, a conversar y nos golpea con un video como este que quiere atribuir responsabilidades a la centro derecha por rechazar un mal proyecto que establece un sistema de reparto que rechaza a la gran mayoría de los chilenos”, agregó.

Por su parte, el jefe de Bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “la objeción de ilegalidad que alegamos es que tanto el Seguro Social como el 6% de cotización fueron rechazadas por la Cámara de Diputados”.

“Por lo tanto, no existe en el proyecto y es evidente que no se puede promover algo que no está, no podemos hacer publicidad frente a algo que aún no es ley, que no es palpable. Esta es una forma de presionar al parlamento indebido, ilegal y arbitrario”, agregó.

“El Ministerio del Trabajo ha cometido una falta grave a los principios de probidad y al principio de legalidad al financiar una campaña millonaria de carácter publicitario para una política pública que aún no existe en nuestro país”, dijo a su vez el jefe de la Bancada de Evópoli, Jorge Guzmán.

Esta campaña, agregó, “ha sido absolutamente tendenciosa, no mostrando con claridad la verdad respecto al proyecto de pensiones. Es por eso, que hemos recurrido a la Contraloría General de la República para que declare que esta campaña publicitaria es ilegal y le exija al Ministerio del Trabajo dejar de difundir esta campaña, que se restituyan los fondos millonarios con los cuales se está financiando y además existan responsabilidades administrativas de todos aquellos que la han impulsado”.

“Con los recursos de todos los chilenos no se puede financiar una campaña publicitaria que falta a la verdad, que no cumple con los principios de legalidad del gasto y que, por sobre todo, confunde y lleva a la población a tomar decisiones erróneas respecto del proyecto de pensiones que es tan importante para el país”, insistió Guzmán.

Por su parte, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, aseguró que “el spot publicitario de la reforma previsional es ilegal ya que la Subsecretaría de Previsión Social no tiene competencias para publicitar una materia que aún no ha sido sancionada por el Congreso Nacional”.

“El argumento de la Ministra Jara en orden a la necesidad de incurrir en esta ilegalidad para enfrentar la publicidad de las AFP pierde de vista que ella es una Ministra de Estado y que en el marco del gasto público, ella tiene límites que no puede desestimar en base a consideraciones políticas”, sostuvo.

Y remarcó que “el Gobierno gasta cifras millonarias en contra de la ley para fortalecer su posición, una que no cuenta con las mayorías parlamentarias y corre serio riesgo de naufragar”.