El diputado de RN, Nicolás Monckeberg, y el prosecretario de la UDI, Jorge Alessandri, concretaron en la Contraloría General de la República la presentación de un requerimiento para que se declare ilegal el contrato en el que el Ejecutivo, por trato directo, entregó a la cineasta Tatiana Gaviola, la responsabilidad de la realización de un registro documental sobre el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

“Nadie discute el talento de Tatiana Gaviola en el área documental, por lo mismo habría ganado un concurso público. Más allá de lo personal no es correcto ni legal que se haya asignado a dedo el contrato a quien entonces era funcionaria de Gobierno”, precisó el diputado Monckeberg, sobre la impugnación al producto audiovisual que tendría un costo de 40 millones de pesos.

En el oficio presentado ante la Contraloría, se solicita que el organismo fiscalizador investigue la legalidad de la contratación por trato directo y no por licitación pública “privando la concurrencia de otras ofertas, en directo beneficio de una ex colaboradora de su campaña presidencial”.

En segundo lugar, el oficio presentado ante el ente fiscalizador demanda que se indague si los 40 millones destinados al pago del producto audiovisual constituyen “un gasto de publicidad encubierto” antes que una realización que busque preservar la memoria histórica de la actual administración.

Al respecto, Monckeberg añadió que el documental “es publicidad encubierta”, al señalar que “el Gobierno está faltando a la verdad cuando dicen que buscan resguardar imágenes históricas, porque hoy y como ha sido en todos los gobiernos, existe una unidad de memoria historia”.

RÉPLICA DE BURGOS

Desde La Moneda, y nuevamente consultado por el tema, el ministro del Interior Jorge Burgos planteó que “si alguien cree que para llegar a desarrollar el documental se incumplieron normas propias de la definición de compras públicas, tiene todo el derecho a recurrir a la Contraloría”.

Sin embargo, insistió en que “los gobiernos pueden reflejar, desde el punto de vista histórico, sus labores”. “Convertir esto en un hecho político de descalificación me parece completamente injusto y no le hace bien al país”, dijo.