“Chile no cuenta con un cuerpo legal consistente con los estándares de derechos humanos relativos a la educación de estudiantes migrantes”. Esa es la principal conclusión del capítulo “Inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar chileno: desafíos pendientes”, del Informe Anual de Derechos Humanos 2017 de la Universidad Diego Portales.
Tras un análisis de las políticas educacionales chilenas, las autoras Pilar Muñoz y Liliana Ramos concluyeron que no se respetan los derechos de los 75.000 niños migrantes que, según cifras del Ministerio de Educación (Mineduc), están matriculados en el sistema escolar chileno.
Entre las principales fallas, las autoras destacan que la Constitución actual, “no reconoce la educación como un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes”. Además, señalan en el capítulo, que tampoco se reconoce “la multiculturalidad constitutiva de la nación, ni la comprensión de la educación como un fenómeno que debe considerar la diversidad cultural de la población escolar”.
También explican que la legislación migratoria facilita el ingreso al sistema escolar, pero no en igualdad de oportunidades. Finalmente acusan una “evidente ausencia de responsabilidad del Estado de Chile para generar mecanismos que aseguren una permanencia de estudiantes migrantes en el sistema escolar, respetando su diversidad cultural y evitando procesos discriminatorios”.
Lo anterior se vería reflejado en barreras para acceder a beneficios como los de Junaeb por falta de documentación, poca preparación del cuerpo docente para recibir a alumnos migrantes, e incluso a nivel curricular, donde los contenidos se abordan desde una mirada exclusivamente chilena, sin reconocimiento de que algunos alumnos pueden pertenecer a otras culturas, ya sean pueblos originarios o migrantes.
Tomás Vial, editor general del informe y profesor e investigador del Centro de DD.HH. de la U. Diego Portales, explicó a La Nación que “nuestro sistema educativo no está preparado para la diversidad de la población chilena”, incluyendo migrantes y población indígena.
“Los programas no reconocen esta realidad, no están modificados y las instrucciones pedagógicas tampoco. Entonces es un sistema educación que, más allá de lo que se haga en la práctica en algunas escuelas -porque a nivel local hay trabajos de inclusión- no hay una organización del sistema escolar chileno que realmente incorpore, acepte y reconozca estos estudiantes que tienen cultura y lenguajes distintos”, agrega.
En ese sentido, tanto Vial como el estudio, señalan que ha habido importantes trabajos en algunas escuelas para incluir a alumnos extranjeros, pero que esas iniciativas han dependido de la voluntad de profesionales de las escuelas frente a la ausencia de orientaciones ministeriales.
El investigador UDP explica que frente a la problemática que plantea el estudio, se definió como principal desafío modificar la legislación actual. “Hay que partir por tener una ley de migración moderna, de acuerdo a estándares de Derechos Humanos, eso porque tenemos una legislación del tiempo de la dictadura. Ese es el punto número uno, migración con enfoque de derechos y que regule la interculturalidad”.
Por otro lado, señala que también es importante modificar las bases curriculares, especialmente de asignaturas como Historia y Geografía, para que respondan a una “visión intercultural“.
Tras un análisis de las políticas educacionales chilenas, las autoras Pilar Muñoz y Liliana Ramos concluyeron que no se respetan los derechos de los 75.000 niños migrantes que, según cifras del Ministerio de Educación (Mineduc), están matriculados en el sistema escolar chileno.
Entre las principales fallas, las autoras destacan que la Constitución actual, “no reconoce la educación como un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes”. Además, señalan en el capítulo, que tampoco se reconoce “la multiculturalidad constitutiva de la nación, ni la comprensión de la educación como un fenómeno que debe considerar la diversidad cultural de la población escolar”.
También explican que la legislación migratoria facilita el ingreso al sistema escolar, pero no en igualdad de oportunidades. Finalmente acusan una “evidente ausencia de responsabilidad del Estado de Chile para generar mecanismos que aseguren una permanencia de estudiantes migrantes en el sistema escolar, respetando su diversidad cultural y evitando procesos discriminatorios”.
Lo anterior se vería reflejado en barreras para acceder a beneficios como los de Junaeb por falta de documentación, poca preparación del cuerpo docente para recibir a alumnos migrantes, e incluso a nivel curricular, donde los contenidos se abordan desde una mirada exclusivamente chilena, sin reconocimiento de que algunos alumnos pueden pertenecer a otras culturas, ya sean pueblos originarios o migrantes.
Tomás Vial, editor general del informe y profesor e investigador del Centro de DD.HH. de la U. Diego Portales, explicó a La Nación que “nuestro sistema educativo no está preparado para la diversidad de la población chilena”, incluyendo migrantes y población indígena.
“Los programas no reconocen esta realidad, no están modificados y las instrucciones pedagógicas tampoco. Entonces es un sistema educación que, más allá de lo que se haga en la práctica en algunas escuelas -porque a nivel local hay trabajos de inclusión- no hay una organización del sistema escolar chileno que realmente incorpore, acepte y reconozca estos estudiantes que tienen cultura y lenguajes distintos”, agrega.
En ese sentido, tanto Vial como el estudio, señalan que ha habido importantes trabajos en algunas escuelas para incluir a alumnos extranjeros, pero que esas iniciativas han dependido de la voluntad de profesionales de las escuelas frente a la ausencia de orientaciones ministeriales.
El investigador UDP explica que frente a la problemática que plantea el estudio, se definió como principal desafío modificar la legislación actual. “Hay que partir por tener una ley de migración moderna, de acuerdo a estándares de Derechos Humanos, eso porque tenemos una legislación del tiempo de la dictadura. Ese es el punto número uno, migración con enfoque de derechos y que regule la interculturalidad”.
Por otro lado, señala que también es importante modificar las bases curriculares, especialmente de asignaturas como Historia y Geografía, para que respondan a una “visión intercultural“.
