El máximo tribunal estadounidense tomó esta decisión, de grandes riesgos económicos y políticos, justo antes de que se iniciara la impresión de los cuestionarios para el conteo de ciudadanos que se realizará en 2020.
En su fallo los miembros de la instancia judicial se consideraron insuficientes los argumentos presentados por el gobierno para justificar la pregunta que le permitiría obtener la cantidad real de extranjeros y su situación en el territorio.
Se trata de una mala noticia para el presidente republicano, que se involucró personalmente y varias veces en este tema.
Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina uno de los puntos fuertes de su gestión, defendió el agregado como una “pregunta esencial sobre la ciudadanía”.
“¿Se pueden imaginar un censo en el que no tengan derecho a decir si alguien es estadounidense o no?”, dijo el gobernante a mediados de junio. “Sería totalmente ridículo”.
El censo, que debe realizarse obligatoriamente cada diez años de acuerdo con la Constitución, determina la concesión de US$ 675.000 millones en subvenciones federales y el número de escaños en la Cámara de Representantes asignados a cada estado.
El agregado de una pregunta sobre la nacionalidad habría llevado a entre 1,6 y 6,5 millones de inmigrantes, la mayoría latinos, a abstenerse o mentir, según expertos.