Una millonaria multa es la sanción con la que el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana sancionó a Cencosud, por los pagos que realizó “por servicios no prestados” a Cono Sur Research Spa, empresa de Cristián Warner, el hombre fuerte de la pasada campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami.
La multa es de 27 millones 329 mil 612 pesos y fue aplicada por la jueza Dora Bastía Santander tras ser remitida desde el Servicio de Impuestos Internos el acta de denuncia relacionada con el caso SQM.
El documento fue emitido por la Dirección de Grandes Contribuyentes, en que se “optó por aplicar una sanción pecuniaria (…), desestimando instar a una investigación ante el Ministerio Público”.
Sobre la infracción, la denuncia detalla que lo que hizo Cencosud fue “incorporar como gastos necesarios para producir la renta en su contabilidad, y luego en las declaraciones impositivas (…), los desembolsos asociados al pago de servicios que jamás se prestaron consignados en 12 facturas emitidas por Cono Sur Research Spa“.
Según información publicada por El Mercurio, los pagos corresponden a 2013 y 2014, en que incluso existe una factura que “fue registrada y declarada dos veces”, lo que provocó un perjuicio fiscal que asciende a $19.4 millones, con su valor actualizado a enero de 2017.
La multa es de 27 millones 329 mil 612 pesos y fue aplicada por la jueza Dora Bastía Santander tras ser remitida desde el Servicio de Impuestos Internos el acta de denuncia relacionada con el caso SQM.
El documento fue emitido por la Dirección de Grandes Contribuyentes, en que se “optó por aplicar una sanción pecuniaria (…), desestimando instar a una investigación ante el Ministerio Público”.
Sobre la infracción, la denuncia detalla que lo que hizo Cencosud fue “incorporar como gastos necesarios para producir la renta en su contabilidad, y luego en las declaraciones impositivas (…), los desembolsos asociados al pago de servicios que jamás se prestaron consignados en 12 facturas emitidas por Cono Sur Research Spa“.
Según información publicada por El Mercurio, los pagos corresponden a 2013 y 2014, en que incluso existe una factura que “fue registrada y declarada dos veces”, lo que provocó un perjuicio fiscal que asciende a $19.4 millones, con su valor actualizado a enero de 2017.
