La Corte Suprema rechazó la demanda y el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por 118 profesores de la Municipalidad de El Carmen, Región del Ñuble, por el no pago del bono proporcional mensual.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) destacó el impacto que tendrá el fallo en las demandas presentadas por los docentes en todo el país, que actualmente llegan a $170 mil millones y que, de continuar, podrían superar los $495 mil millones. Además, algunos alcaldes han ido a la cárcel porque no han podido pagar el bono.
En su fallo, el máximo tribunal del país determinó que la Municipalidad de El Carmen aplicó la integridad de los recursos que percibió por concepto de la Ley 19.933 a su destinación legal; es decir, que no hay duda que este pago se hizo íntegramente y ajustado a derecho y que por lo tanto las prestaciones demandadas no son procedentes.
Además, el fallo establece que “se modifica la postura asumida con anterioridad sobre la materia de derecho propuesta, porque la que ahora se sostiene es la ajustada a los hechos que se tienen por acreditados en la sentencia impugnada y la normativa que la rige”.
La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, afirmó que “esta decisión de la Corte Suprema marca un precedente sumamente relevante, al revertir la jurisprudencia que había sentado previamente este tribunal superior”.
Añadió que “el fallo tendrá un impacto directo en todos los juicios sobre bono proporcional mensual deducidos por los profesores municipales, ya que éstos deberían ajustarse a la nueva doctrina de la Corte Suprema”.
A la fecha, los docentes del sector municipal han interpuesto más de 250 demandas en contra de municipalidades o corporaciones municipales, solicitando el pago de un supuesto aumento del bono proporcional mensual, que según plantean les correspondería dado el acrecentamiento de la subvención otorgada por la Ley Nº 19.933.
Dichos requerimientos ya alcanzan una cuantía aproximada de $170 mil millones y, de continuar con sus demandas, podrían superar los $495 mil millones, de ahí la importancia del fallo dictado por el máximo tribunal, que establece que las prestaciones demandadas no son procedentes.
Po su parte, la jefa de la División de Defensa Estatal del CDE, Mariana Valenzuela, quien alegó esta causa ante la Corte Suprema, explicó que “los demandantes de estos juicios no advierten que los recursos que perciben las municipalidades ya se han distribuido en sus remuneraciones, pues las subvenciones otorgadas financian los incrementos que han experimentado cada una de las asignaciones que componen su remuneración, por el incremento del valor de la hora docente”.
La intervención del Consejo de Defensa del Estado en esta causa se concretó luego de una reunión entre la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la presidenta del CDE en mayo de 2017.
En dicho encuentro, el CDE ofreció a las municipalidades y corporaciones municipales —que al ser servicios descentralizados pueden asumir su defensa en forma independiente— representarlos en estos juicios, atendidas las grandes cuantías involucradas y los resultados adversos que estaban obteniendo dichas entidades.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) destacó el impacto que tendrá el fallo en las demandas presentadas por los docentes en todo el país, que actualmente llegan a $170 mil millones y que, de continuar, podrían superar los $495 mil millones. Además, algunos alcaldes han ido a la cárcel porque no han podido pagar el bono.
En su fallo, el máximo tribunal del país determinó que la Municipalidad de El Carmen aplicó la integridad de los recursos que percibió por concepto de la Ley 19.933 a su destinación legal; es decir, que no hay duda que este pago se hizo íntegramente y ajustado a derecho y que por lo tanto las prestaciones demandadas no son procedentes.
Además, el fallo establece que “se modifica la postura asumida con anterioridad sobre la materia de derecho propuesta, porque la que ahora se sostiene es la ajustada a los hechos que se tienen por acreditados en la sentencia impugnada y la normativa que la rige”.
La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, afirmó que “esta decisión de la Corte Suprema marca un precedente sumamente relevante, al revertir la jurisprudencia que había sentado previamente este tribunal superior”.
Añadió que “el fallo tendrá un impacto directo en todos los juicios sobre bono proporcional mensual deducidos por los profesores municipales, ya que éstos deberían ajustarse a la nueva doctrina de la Corte Suprema”.
A la fecha, los docentes del sector municipal han interpuesto más de 250 demandas en contra de municipalidades o corporaciones municipales, solicitando el pago de un supuesto aumento del bono proporcional mensual, que según plantean les correspondería dado el acrecentamiento de la subvención otorgada por la Ley Nº 19.933.
Dichos requerimientos ya alcanzan una cuantía aproximada de $170 mil millones y, de continuar con sus demandas, podrían superar los $495 mil millones, de ahí la importancia del fallo dictado por el máximo tribunal, que establece que las prestaciones demandadas no son procedentes.
Po su parte, la jefa de la División de Defensa Estatal del CDE, Mariana Valenzuela, quien alegó esta causa ante la Corte Suprema, explicó que “los demandantes de estos juicios no advierten que los recursos que perciben las municipalidades ya se han distribuido en sus remuneraciones, pues las subvenciones otorgadas financian los incrementos que han experimentado cada una de las asignaciones que componen su remuneración, por el incremento del valor de la hora docente”.
La intervención del Consejo de Defensa del Estado en esta causa se concretó luego de una reunión entre la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la presidenta del CDE en mayo de 2017.
En dicho encuentro, el CDE ofreció a las municipalidades y corporaciones municipales —que al ser servicios descentralizados pueden asumir su defensa en forma independiente— representarlos en estos juicios, atendidas las grandes cuantías involucradas y los resultados adversos que estaban obteniendo dichas entidades.
