El Tribunal Oral Penal de Rancagua condenó a 541 de presidio menor en su grado medio a Natalia Compagnon como autora de delito tributario de declaraciones falsas, más una multa del 200% del perjuicio fiscal, esto es, $23.660.402.
Por cumplir con los requisitos que estipula la ley, la pena de cárcel se sustituye por remisión condicional por el mismo periodo. También se le impuso la suspensión de cargo u oficio público durante la duración de la condena y el pago de las costas.
En caso de que la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet no cuente con los recursos para pagar la multa, se le conmutará por servicios a la comunidad y si no cumple con esto último, se procederá con su reclusión, advirtió el tribunal.
La sentencia fue dada a conocer este martes por los jueces Paulina Chaparro (presidenta), Sergio Allende y Joaquín Nilo, quien leyó el fallo. También comunicaron que Mauricio Valero y la Sociedad Caval fueron absueltos de la acusación de soborno, sin costas para el Ministerio Público ni los querellantes.
De esta manera, comienza a llegar a su fin el polémico caso Caval, después de más de tres años de ocurridos los hechos que dieron origen a la causa: la compra y venta de terrenos en Machalí en 2015 por parte de la sociedad de Compagnon y Valero. De los otros 11 imputados iniciales, 4 fueron condenados en juicio abreviado y el resto obtuvo suspensiones condicionales.
Natalia Compagnon fue acusada por el delito tributario de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas por servicios que no se realizaron, con la finalidad de ocultar el monto de las operaciones de la sociedad y así evadir el impuesto correspondiente.
Valero, por su parte, enfrentó acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, para el cambio de uso de suelo de los terrenos comprados por Caval en $6.500 millones y posteriormente vendidos en $9.500 millones.
Los jueces, en el veredicto dado a conocer el 11 de julio pasado, no dieron por acreditados los ilícitos de soborno imputados a Valero y la Sociedad Caval, pero sí los delitos tributarios en el caso de la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
La arista principal del caso se remonta al 17 de enero de 2015, cuando la sociedad Caval compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda. Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo.
Luego, la causa pasó a manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de los imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica. El juicio estuvo a cargo del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y de la fiscal Marcia Allendes.
Por cumplir con los requisitos que estipula la ley, la pena de cárcel se sustituye por remisión condicional por el mismo periodo. También se le impuso la suspensión de cargo u oficio público durante la duración de la condena y el pago de las costas.
En caso de que la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet no cuente con los recursos para pagar la multa, se le conmutará por servicios a la comunidad y si no cumple con esto último, se procederá con su reclusión, advirtió el tribunal.
La sentencia fue dada a conocer este martes por los jueces Paulina Chaparro (presidenta), Sergio Allende y Joaquín Nilo, quien leyó el fallo. También comunicaron que Mauricio Valero y la Sociedad Caval fueron absueltos de la acusación de soborno, sin costas para el Ministerio Público ni los querellantes.
De esta manera, comienza a llegar a su fin el polémico caso Caval, después de más de tres años de ocurridos los hechos que dieron origen a la causa: la compra y venta de terrenos en Machalí en 2015 por parte de la sociedad de Compagnon y Valero. De los otros 11 imputados iniciales, 4 fueron condenados en juicio abreviado y el resto obtuvo suspensiones condicionales.
Natalia Compagnon fue acusada por el delito tributario de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas por servicios que no se realizaron, con la finalidad de ocultar el monto de las operaciones de la sociedad y así evadir el impuesto correspondiente.
Valero, por su parte, enfrentó acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, para el cambio de uso de suelo de los terrenos comprados por Caval en $6.500 millones y posteriormente vendidos en $9.500 millones.
SOBORNO
En tanto, la Sociedad Caval fue acusada por soborno bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La pena es de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, pérdida de beneficios fiscales y multa.Los jueces, en el veredicto dado a conocer el 11 de julio pasado, no dieron por acreditados los ilícitos de soborno imputados a Valero y la Sociedad Caval, pero sí los delitos tributarios en el caso de la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
La arista principal del caso se remonta al 17 de enero de 2015, cuando la sociedad Caval compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda. Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo.
Luego, la causa pasó a manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de los imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica. El juicio estuvo a cargo del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y de la fiscal Marcia Allendes.
