Alistando sus primeras diligencias se encuentra la fiscalía regional de Valparaíso, en torno a las querellas presentadas en contra del Presidente Sebastián Piñera, los altos mandos del Ejército y Carabineros y otras autoridades civiles, por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
Ello, luego que en esa repartición fueron radicadas las causas abiertas en contra del gobernante, los altos mandos de dichas instituciones y otros funcionarios que eventualmente puedan resultar responsables de los delitos imputados.
Durante el trabajo realizado por los equipos del ente persecutor, se han recopilado múltiples antecedentes y se ha oficiado a una serie de instituciones para recabar información, con el propósito de citar a declarar al general director de Carabineros, Mario Rozas, y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.
La fiscal regional porteña, Claudia Perivancich, será la encargada de liderar la indagatoria, tal como lo dispuso el máximo jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, quien precisó al tomar la decisión que además de los casos sobre delitos de lesa humanidad, “también hay otras denuncias a cargo de diferentes fiscales, y en el evento que existan elementos comunes tendrán que agruparse si eso corresponde”.
Debido al alto rango de los investigados, el fiscal nacional pidió a los persecutores “actuar con la más absoluta objetividad, sin tener en consideración ningún interés ni de carácter político, ni social de ninguna naturaleza”.
“El Presidente de la República está llamado a responder respecto de sus acciones y omisiones, así lo establece en forma expresa el artículo 35 de la Ley 20.357, que tipifica los crímenes contra la humanidad y esa norma establece, en particular, la responsabilidad de los jefes militares y las autoridades civiles respecto a este tema”, expuso el presidente de la instancia, Carlos Margotta.
Mientras, este martes, Revolución Democrática presentó una nueva acción criminal por vulneraciones a las personas contra el gobernante, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el general director de Carabineros, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y el exministro Andrés Chadwick.
Para estos casos, el abogado Samuel Donoso asumió la representación del Jefe de Estado, mientras que el extitular de Interior es representado por Luis Hermosilla, y a Mario Rozas lo defiende el abogado Jorge Parra.
Ello, luego que en esa repartición fueron radicadas las causas abiertas en contra del gobernante, los altos mandos de dichas instituciones y otros funcionarios que eventualmente puedan resultar responsables de los delitos imputados.
Durante el trabajo realizado por los equipos del ente persecutor, se han recopilado múltiples antecedentes y se ha oficiado a una serie de instituciones para recabar información, con el propósito de citar a declarar al general director de Carabineros, Mario Rozas, y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.
La fiscal regional porteña, Claudia Perivancich, será la encargada de liderar la indagatoria, tal como lo dispuso el máximo jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, quien precisó al tomar la decisión que además de los casos sobre delitos de lesa humanidad, “también hay otras denuncias a cargo de diferentes fiscales, y en el evento que existan elementos comunes tendrán que agruparse si eso corresponde”.
Debido al alto rango de los investigados, el fiscal nacional pidió a los persecutores “actuar con la más absoluta objetividad, sin tener en consideración ningún interés ni de carácter político, ni social de ninguna naturaleza”.
QUERELLAS
Además de ese escenario en materia de violación a las garantías fundamentales, el Mandatario enfrenta otro más, las 11 acciones judiciales emprendidas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en representación de personas que denuncian haber sufrido agresiones o mutilaciones por parte de Carabineros.“El Presidente de la República está llamado a responder respecto de sus acciones y omisiones, así lo establece en forma expresa el artículo 35 de la Ley 20.357, que tipifica los crímenes contra la humanidad y esa norma establece, en particular, la responsabilidad de los jefes militares y las autoridades civiles respecto a este tema”, expuso el presidente de la instancia, Carlos Margotta.
Mientras, este martes, Revolución Democrática presentó una nueva acción criminal por vulneraciones a las personas contra el gobernante, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el general director de Carabineros, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y el exministro Andrés Chadwick.
Para estos casos, el abogado Samuel Donoso asumió la representación del Jefe de Estado, mientras que el extitular de Interior es representado por Luis Hermosilla, y a Mario Rozas lo defiende el abogado Jorge Parra.
