La Corte de Apelaciones de Concepción declaró inadmisible la querella por injurias graves con publicidad presentada por el ex comisario de la PDI Héctor Arenas Díaz en contra de la ministra Carola Rivas, instructora del caso Matute Johns.
En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Villa, Matilde Esquerré y Camilo Álvarez– desestimó la acción deducida, tras descartar que la ministra Rivas haya emitido declaraciones que atentaran contra el honor del ex detective, en el marco de las entrevistas que dio en marzo pasado, en las que explicó los avances investigativos que logró en el denominado caso Matute.
Según el fallo, “para que exista el delito de injurias es requisito sine qua non que exista en el sujeto activo la intención de causar deshonra, descrédito o menosprecio al destinatario de su acción, lo cual no resulta dar por acreditado en los actos, considerando que no se ha establecido alguna animosidad especial de la querellada en contra del querellante que pudiera dar cuenta de dicho ánimo”.
El dictamen agrega que los comentarios de la ministra Rivas los emitió en su calidad de investigadora de la causa por el deceso de Jorge Matute Johns, y “tenían por propósito manifestar su opinión crítica sobre la investigación llevada a cabo en dicha causa, en la cual el querellante también en su tiempo estuvo a cargo de ella”.
En todo caso, los jueces admiten que la ministra pudo usar otros medios para hacer su crítica, pero “se trata de una situación generalizada en los tiempos actuales, cual es el dar expresión sobre un tema por una vía que no admite límites y que, por lo mismo, no era la adecuada a la envergadura de la situación que era materia de la investigación”.
Por lo tanto, concluye que “si bien los dichos de la funcionaria capitulada analizados descontextualizadamente parecieren poco adecuados para referirse a la actuación policial del querellante, no se advierte, como ya se dijo, el ánimo de injuriarlo o deshonrarlo, al emanar de la funcionaria a cargo de una investigación de interés público que concurre a las entrevistas con los medios de prensa para cumplir con un deber de información, sin el ánimo de injuriar, sino que con el fin de dar a conocer las líneas investigativas efectuadas durante todos estos años, formulando una crítica de las mismas”.
El 29 de junio pasado, al presentar la querella, el ex comisario Arenas declaró que “ella me acusó de actuar con soberbia, de vulnerar derechos, de actuar sin control. Lo hizo en declaraciones que dio a diversos medios los días 27, 28 y 29 de marzo. Incluso en el canal Judicial”.
El ex comisario afirmó que la ministra Rivas le imputó graves faltas a la ética policial y a la ley penal, obstrucción a la investigación, persecución a funcionarios de la PDI, negligencia inexcusable, soberbia y acciones fuera de control.
En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Villa, Matilde Esquerré y Camilo Álvarez– desestimó la acción deducida, tras descartar que la ministra Rivas haya emitido declaraciones que atentaran contra el honor del ex detective, en el marco de las entrevistas que dio en marzo pasado, en las que explicó los avances investigativos que logró en el denominado caso Matute.
Según el fallo, “para que exista el delito de injurias es requisito sine qua non que exista en el sujeto activo la intención de causar deshonra, descrédito o menosprecio al destinatario de su acción, lo cual no resulta dar por acreditado en los actos, considerando que no se ha establecido alguna animosidad especial de la querellada en contra del querellante que pudiera dar cuenta de dicho ánimo”.
El dictamen agrega que los comentarios de la ministra Rivas los emitió en su calidad de investigadora de la causa por el deceso de Jorge Matute Johns, y “tenían por propósito manifestar su opinión crítica sobre la investigación llevada a cabo en dicha causa, en la cual el querellante también en su tiempo estuvo a cargo de ella”.
En todo caso, los jueces admiten que la ministra pudo usar otros medios para hacer su crítica, pero “se trata de una situación generalizada en los tiempos actuales, cual es el dar expresión sobre un tema por una vía que no admite límites y que, por lo mismo, no era la adecuada a la envergadura de la situación que era materia de la investigación”.
Por lo tanto, concluye que “si bien los dichos de la funcionaria capitulada analizados descontextualizadamente parecieren poco adecuados para referirse a la actuación policial del querellante, no se advierte, como ya se dijo, el ánimo de injuriarlo o deshonrarlo, al emanar de la funcionaria a cargo de una investigación de interés público que concurre a las entrevistas con los medios de prensa para cumplir con un deber de información, sin el ánimo de injuriar, sino que con el fin de dar a conocer las líneas investigativas efectuadas durante todos estos años, formulando una crítica de las mismas”.
El 29 de junio pasado, al presentar la querella, el ex comisario Arenas declaró que “ella me acusó de actuar con soberbia, de vulnerar derechos, de actuar sin control. Lo hizo en declaraciones que dio a diversos medios los días 27, 28 y 29 de marzo. Incluso en el canal Judicial”.
El ex comisario afirmó que la ministra Rivas le imputó graves faltas a la ética policial y a la ley penal, obstrucción a la investigación, persecución a funcionarios de la PDI, negligencia inexcusable, soberbia y acciones fuera de control.
