Hasta la comisión de diputados que investigan el denominado caso jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, concurrió el contralor general Jorge Bermúdez para referirse a las materias propias del mandato de la instancia.
En la ocasión, Bermúdez partió por aclarar el rol que tiene la Contraloría frente al nombramiento de jueces, notarios, conservadores y archiveros, el que, según señaló, es acotado y se limita solo a un examen formal.
Al respecto, el diputado Marcelo Díaz (PS), miembro de la instancia fiscalizadora, aseguró que la explicación del contralor solo confirma la necesidad de hacer cambios donde “realmente importa”, que es en los mecanismos de generación de dichos cargos.
“Tenemos que hacer una reforma profunda del nombramiento de jueces y de fiscales del Ministerio Público, entre otras instituciones. Yo creo que más allá del caso de la región de O’Higgins, que es paradigmático, en esta comisión de a poco hemos ido confirmando que esas instituciones tienen hoy día mecanismos de designación, control, escrutinio y auditoría, que son insuficientes”, recalcó el legislador.
En relación a la propuesta del Ejecutivo, en materia de consejo de nombramiento de jueces, el parlamentario señaló que “es un cambio muy tímido”, por lo que reiteró al Gobierno la existencia de una propuesta, de carácter transversal, que plantea la creación de un consejo de la magistratura, que separa los roles.
A su vez, la presidenta de la comisión, Alejandra Sepúlveda (FRVS), se refirió a la exposición del contralor y afirmó que existen ciertos grados de ambigüedad que corregir, pero teniendo en cuenta que son poderes del Estado distintos.
El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), en tanto, manifestó que la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad y, en el caso chileno, esta debe ser siempre “imparcial y ciega”, para que los casos de Rancagua no se repitan.
“El valor que tiene la justicia es la imparcialidad, es decir, que no tiene un lado definido, sino que en base al mérito de lo que se le presente va a fallar. Cuando vemos jueces corruptos, que están manejados por el narcotráfico, por ejemplo, como es el caso de Rancagua, si eso se llegase a expandir significa que la justicia perdió su valor”, explicó el parlamentario.
La comisión realizará el próximo lunes 22 de julio una sesión en Rancagua, con el propósito de analizar las nuevas denuncias que se ha recibido por tráfico de influencias en la región.
En la ocasión, Bermúdez partió por aclarar el rol que tiene la Contraloría frente al nombramiento de jueces, notarios, conservadores y archiveros, el que, según señaló, es acotado y se limita solo a un examen formal.
Al respecto, el diputado Marcelo Díaz (PS), miembro de la instancia fiscalizadora, aseguró que la explicación del contralor solo confirma la necesidad de hacer cambios donde “realmente importa”, que es en los mecanismos de generación de dichos cargos.
“Tenemos que hacer una reforma profunda del nombramiento de jueces y de fiscales del Ministerio Público, entre otras instituciones. Yo creo que más allá del caso de la región de O’Higgins, que es paradigmático, en esta comisión de a poco hemos ido confirmando que esas instituciones tienen hoy día mecanismos de designación, control, escrutinio y auditoría, que son insuficientes”, recalcó el legislador.
En relación a la propuesta del Ejecutivo, en materia de consejo de nombramiento de jueces, el parlamentario señaló que “es un cambio muy tímido”, por lo que reiteró al Gobierno la existencia de una propuesta, de carácter transversal, que plantea la creación de un consejo de la magistratura, que separa los roles.
A su vez, la presidenta de la comisión, Alejandra Sepúlveda (FRVS), se refirió a la exposición del contralor y afirmó que existen ciertos grados de ambigüedad que corregir, pero teniendo en cuenta que son poderes del Estado distintos.
El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), en tanto, manifestó que la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad y, en el caso chileno, esta debe ser siempre “imparcial y ciega”, para que los casos de Rancagua no se repitan.
“El valor que tiene la justicia es la imparcialidad, es decir, que no tiene un lado definido, sino que en base al mérito de lo que se le presente va a fallar. Cuando vemos jueces corruptos, que están manejados por el narcotráfico, por ejemplo, como es el caso de Rancagua, si eso se llegase a expandir significa que la justicia perdió su valor”, explicó el parlamentario.
La comisión realizará el próximo lunes 22 de julio una sesión en Rancagua, con el propósito de analizar las nuevas denuncias que se ha recibido por tráfico de influencias en la región.
