El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para Rodrigo Topelberg y Ariel Sauer, quien permanecían privado de libertad en el marco de una investigación en la cual están imputados por delitos tributarios.

En el marco de la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de los empresarios, el juzgado dispuso que desde este martes ambos queden bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional, al menos hasta que se convoque a una nueva audiencia para analizar si procede una nueva modificación.

La Fiscalía Metropolitana Oriente explicó que aceptaron la modificación de la medida cautelar en virtud de los nuevo antecedentes aportados en sus últimas declaraciones por los imputados, en las que reconocieron los mecanismos defraudatorios mediante facturas falsas y los roles que desempeñaron dentro de la estructura que está siendo investigada.

Dichos antecedentes fueron contrastados con la información ya existente en la carpeta investigativa y suponen “un gran avance” para el desarrollo de la investigación, según el fiscal Juan Pablo Araya.

“En sus últimas declaraciones fueron aclarando tanto su participación, como los mecanismos que fueron utilizados y nosotros entendemos que eso ya constituye un gran avance y que permite al menos entender que respecto a estas dos personas se justifica una medida cautelar menos intensa, que de todas maneras sigue siendo una privación de libertad”, detalló el persecutor, junto con destacar que se trata de una investigación “de largo aliento”.

El fiscal Juan Pablo Araya adelantó que habrá nuevas formalizaciones a otro grupo de personas que han sido identificadas y que tienen una participación delictiva en el mecanismo defraudatorio creado por Rodrigo Topelberg y Ariel Sauer.

Esta audiencia de comunicación de cargos está programada para el 13 de enero y a ella están citados 11 investigados, entre los que se cuentan a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, además de ejecutivos y directores vinculados a la firma STF Capital, relacionados con delitos complejos, como lavado de activos, delitos tributarios, estafa, administración desleal y vulneraciones a la ley del mercado de valores.

“Principalmente tienen que ver con la destinación de parte de los fondos que fueron obtenidos a través de los ilícitos por los cuales están formalizados los imputados desde el 8 de abril, y que terminaron en manos de otras personas, como son este grupo que eran los hermanos Jalaff y que fueron finalmente utilizados en un instrumento que es el conocido como el Fondo Capital Estructurado 1”, explicó el fiscal.