El gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda se convirtió ayer en el primer condenado en el caso Caval, tras someterse a juicio abreviado en el Juzgado de Garantía de Rancagua. El síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín lo hará el próximo lunes 4 de diciembre, mientras que otros dos imputados rechazaron el procedimiento e irán a juicio oral.
Ayer estaban previstos los primeros juicios abreviados del caso que se inició en enero de 2015: Chadwick, que en esa fecha vendió los terrenos de Machalí a Caval; Díaz, quien ayudó al síndico; Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí, y Marisol Navarrete, esposa de Silva. Estos dos últimos rechazaron las condiciones de la fiscalía para el procedimiento.
En el caso de Díaz, tras aceptar su responsabilidad en los hechos imputados, el tribunal lo declaró culpable como autor del delito de soborno. El juez Luis Barría fijó para el mediodía del próximo sábado 25 de noviembre, la audiencia de lectura de la sentencia.
El veredicto condenatorio en contra de Díaz Sepúlveda lo sindica como autor del soborno a funcionarios de la Municipalidad de Machalí para lograr, a través de su intercesión, el cambio del uso del suelo de los terrenos que compró la empresa Caval en dicha comuna.
Según la acusación de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Díaz Sepúlveda, “con la finalidad de que se realizaran gestiones para la modificación del plano regulador intercomunal a objeto de aumentar el límite urbano incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, ubicados en la comuna de Machalí, pertenecientes a la familia Wiesner (…), entregó los beneficios económicos al acusado Jorge Silva Menares, director de obras municipales de la Municipalidad de Machalí en aquella época”.
De esta forma, prosigue, “el acusado Juan Díaz -con la finalidad mencionada- promovió y logró que en el mes de agosto de 2012 ingresara a la municipalidad de Machalí la arquitecta Cynthia Ross. A fines del año 2012 los acusados Ross y Silva, encargaron a profesionales del área privada, la confección de un estudio de capacidad vial y de un estudio ambiental estratégico, a pesar de que ninguna de estas profesionales tenía vínculo con la Municipalidad y sin que mediaran pagos municipales para ello (…) como si hubiesen sido contratados o licitados por la municipalidad”.
El fallo agrega que “el dinero entregado por el acusado Juan Díaz Sepúlveda, al acusado Jorge Silva Menares, tanto directamente a él, como a través de su cónyuge, Marisol Navarrete Carmona, ascendió a un total de 55.030.792 pesos“.
Además, respecto del síndico Herman Chadwick Larraín, el tribunal fijó audiencia de procedimiento abreviado para las 9 horas de lunes 4 de diciembre próximo. En tanto, la audiencia de preparación de juicio oral de la causa quedó fijada para las 9 horas de martes 5 de diciembre.
En la audiencia, el fiscal Sergio Moya pidió una pena de tres años de cárcel para Díaz y una multa 115 millones por el delito de soborno; 61 días de presidio y multa de 10 UTA por delitos tributarios y 561 días de cárcel por delitos de la Ley de Quiebras en calidad de cómplice.
Acerca de Jorge Silva y Marisol Navarrete, el fiscal explicó que “se les dijo las condiciones, que se expusieron hoy en audiencia y ellos dijeron no estar de acuerdo. Tienen derecho a un juicio oral”.
En el caso de Chadwick, los delitos imputados son ventajas indebidas del síndico, declaraciones maliciosamente incompletas o falsas y omisión maliciosa de declaración. En cuanto a Silva y Navarrete, se trata del delito de cohecho.
La preparación de juicio oral contra el resto de los acusados -incluidos Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero– es por la arista principal del caso que se originó en enero de 2015, tras la compra de los terrenos de Machalí en $6.500 millones y la posterior venta en $9.500 millones por parte de la sociedad Caval, que también está formalizada como persona jurídica.
Ayer estaban previstos los primeros juicios abreviados del caso que se inició en enero de 2015: Chadwick, que en esa fecha vendió los terrenos de Machalí a Caval; Díaz, quien ayudó al síndico; Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí, y Marisol Navarrete, esposa de Silva. Estos dos últimos rechazaron las condiciones de la fiscalía para el procedimiento.
En el caso de Díaz, tras aceptar su responsabilidad en los hechos imputados, el tribunal lo declaró culpable como autor del delito de soborno. El juez Luis Barría fijó para el mediodía del próximo sábado 25 de noviembre, la audiencia de lectura de la sentencia.
El veredicto condenatorio en contra de Díaz Sepúlveda lo sindica como autor del soborno a funcionarios de la Municipalidad de Machalí para lograr, a través de su intercesión, el cambio del uso del suelo de los terrenos que compró la empresa Caval en dicha comuna.
Según la acusación de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Díaz Sepúlveda, “con la finalidad de que se realizaran gestiones para la modificación del plano regulador intercomunal a objeto de aumentar el límite urbano incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, ubicados en la comuna de Machalí, pertenecientes a la familia Wiesner (…), entregó los beneficios económicos al acusado Jorge Silva Menares, director de obras municipales de la Municipalidad de Machalí en aquella época”.
De esta forma, prosigue, “el acusado Juan Díaz -con la finalidad mencionada- promovió y logró que en el mes de agosto de 2012 ingresara a la municipalidad de Machalí la arquitecta Cynthia Ross. A fines del año 2012 los acusados Ross y Silva, encargaron a profesionales del área privada, la confección de un estudio de capacidad vial y de un estudio ambiental estratégico, a pesar de que ninguna de estas profesionales tenía vínculo con la Municipalidad y sin que mediaran pagos municipales para ello (…) como si hubiesen sido contratados o licitados por la municipalidad”.
El fallo agrega que “el dinero entregado por el acusado Juan Díaz Sepúlveda, al acusado Jorge Silva Menares, tanto directamente a él, como a través de su cónyuge, Marisol Navarrete Carmona, ascendió a un total de 55.030.792 pesos“.
Además, respecto del síndico Herman Chadwick Larraín, el tribunal fijó audiencia de procedimiento abreviado para las 9 horas de lunes 4 de diciembre próximo. En tanto, la audiencia de preparación de juicio oral de la causa quedó fijada para las 9 horas de martes 5 de diciembre.
En la audiencia, el fiscal Sergio Moya pidió una pena de tres años de cárcel para Díaz y una multa 115 millones por el delito de soborno; 61 días de presidio y multa de 10 UTA por delitos tributarios y 561 días de cárcel por delitos de la Ley de Quiebras en calidad de cómplice.
Acerca de Jorge Silva y Marisol Navarrete, el fiscal explicó que “se les dijo las condiciones, que se expusieron hoy en audiencia y ellos dijeron no estar de acuerdo. Tienen derecho a un juicio oral”.
En el caso de Chadwick, los delitos imputados son ventajas indebidas del síndico, declaraciones maliciosamente incompletas o falsas y omisión maliciosa de declaración. En cuanto a Silva y Navarrete, se trata del delito de cohecho.
La preparación de juicio oral contra el resto de los acusados -incluidos Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero– es por la arista principal del caso que se originó en enero de 2015, tras la compra de los terrenos de Machalí en $6.500 millones y la posterior venta en $9.500 millones por parte de la sociedad Caval, que también está formalizada como persona jurídica.
