La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y confirmó la suspensión condicional del procedimiento en favor de Nibaldo Mora Ortega, imputado por el delito de cohecho en la arista Saydex del caso Caval.
Mora, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, recibió de parte de la sociedad Caval -según la Fiscalía Regional de O’Higgins– $32 millones para favorecer a la empresa de informática en las licitaciones de los hospitales de Maipú, San Borja y ex Posta Central.
El 22 de enero pasado, el Juzgado de Garantía de Rancagua accedió a la suspensión del procedimiento propuesta por la fiscalía para Mora, bajo las condiciones de firmar cada 3 meses en la misma fiscalía regional durante 2 años, pagar $5.000.000 a una fundación de niños con síndrome de Down de la ciudad y no verse involucrado en ninguna otra causa penal.
El CDE no estuvo de acuerdo con el quantum de la pena y recurrió a la corte rancagüina, pero en fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Marcelo Vásquez, el fiscal judicial Álvaro Martínez y el abogado (i) Juan Guillermo Briceño– confirmó la resolución del juzgado de Garantía.
La resolución señala que concurren respecto de la suspensión del procedimiento las circunstancias atenuantes y la ausencia de agravantes que hacen que “la futura penalidad de los ilícitos materia de la formalización sea absolutamente debilitada en relación a la aspiración del Consejo de Defensa del Estado”.
Mora, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, recibió de parte de la sociedad Caval -según la Fiscalía Regional de O’Higgins– $32 millones para favorecer a la empresa de informática en las licitaciones de los hospitales de Maipú, San Borja y ex Posta Central.
El 22 de enero pasado, el Juzgado de Garantía de Rancagua accedió a la suspensión del procedimiento propuesta por la fiscalía para Mora, bajo las condiciones de firmar cada 3 meses en la misma fiscalía regional durante 2 años, pagar $5.000.000 a una fundación de niños con síndrome de Down de la ciudad y no verse involucrado en ninguna otra causa penal.
El CDE no estuvo de acuerdo con el quantum de la pena y recurrió a la corte rancagüina, pero en fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Marcelo Vásquez, el fiscal judicial Álvaro Martínez y el abogado (i) Juan Guillermo Briceño– confirmó la resolución del juzgado de Garantía.
La resolución señala que concurren respecto de la suspensión del procedimiento las circunstancias atenuantes y la ausencia de agravantes que hacen que “la futura penalidad de los ilícitos materia de la formalización sea absolutamente debilitada en relación a la aspiración del Consejo de Defensa del Estado”.
