Pasadas las 09:00 horas de este lunes comenzó el juicio oral del caso Caval, después de más de tres años de ocurridos los hechos que dieron origen a la causa: la compra y venta de terrenos en Machalí en 2015 por parte de la sociedad que conformaban Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
En el Tribunal Oral Penal de Rancagua, la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, enfrenta el proceso en su contra por delitos tributarios, mientras que su socio, el delito de soborno, y la misma Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, por soborno.
De los otros 11 imputados iniciales, 4 fueron condenados en juicio abreviado y el resto obtuvo suspensiones condicionales.
Compagnon está acusada por el delito tributario de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas por servicios que no se realizaron, con la finalidad de ocultar el monto de las operaciones de la sociedad y así evadir el impuesto correspondiente. La pena asignada es de hasta 5 años de cárcel, más multa.
Valero, por su parte, enfrenta acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, para el cambio de uso de suelo de los terrenos comprados por Caval en $6.500 millones y posteriormente vendidos en $9.500 millones. La pena asignada es de hasta 3 años de cárcel más multa.
En tanto, la Sociedad Caval está acusada por soborno bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La pena es de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, pérdida de beneficios fiscales y multa.
Por parte de la Fiscalía Regional de O’Higgins, los alegatos estarán a cargo del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y de la fiscal Marcia Allendes.
Los jueces serán Paulina Chaparro (presidenta), Joaquín Nilo y Sergio Allende. Los abogados defensores son Antonio Garafulic (Compagnon) y Felipe Jiménez (Valero).
En el juicio que podría durar un mes, se presentarán 75 testigos, 11 peritajes y 432 documentos.
En este proceso por la arista principal del caso, no está acusado Sebastián Dávalos, hijo de la ex mandataria y esposo de Compagnon, ya que fue sobreseído definitivamente, aunque nunca fue formalizado en esta causa, pero sí lo está en la arista de la estafa la empresa Gonzalo Vial.
Luego, el 5 de febrero, la firma vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta, quien tras destaparse el caso se vio obligado a renunciar a la Dirección Sociocultural de La Moneda el 13 de febrero.
Ya en curso la denuncia, la causa comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo y pasó a manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de los imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica.
En el Tribunal Oral Penal de Rancagua, la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, enfrenta el proceso en su contra por delitos tributarios, mientras que su socio, el delito de soborno, y la misma Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, por soborno.
De los otros 11 imputados iniciales, 4 fueron condenados en juicio abreviado y el resto obtuvo suspensiones condicionales.
Compagnon está acusada por el delito tributario de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas por servicios que no se realizaron, con la finalidad de ocultar el monto de las operaciones de la sociedad y así evadir el impuesto correspondiente. La pena asignada es de hasta 5 años de cárcel, más multa.
Valero, por su parte, enfrenta acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, para el cambio de uso de suelo de los terrenos comprados por Caval en $6.500 millones y posteriormente vendidos en $9.500 millones. La pena asignada es de hasta 3 años de cárcel más multa.
En tanto, la Sociedad Caval está acusada por soborno bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La pena es de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, pérdida de beneficios fiscales y multa.
Por parte de la Fiscalía Regional de O’Higgins, los alegatos estarán a cargo del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y de la fiscal Marcia Allendes.
Los jueces serán Paulina Chaparro (presidenta), Joaquín Nilo y Sergio Allende. Los abogados defensores son Antonio Garafulic (Compagnon) y Felipe Jiménez (Valero).
En el juicio que podría durar un mes, se presentarán 75 testigos, 11 peritajes y 432 documentos.
En este proceso por la arista principal del caso, no está acusado Sebastián Dávalos, hijo de la ex mandataria y esposo de Compagnon, ya que fue sobreseído definitivamente, aunque nunca fue formalizado en esta causa, pero sí lo está en la arista de la estafa la empresa Gonzalo Vial.
EL NEGOCIO DE CAVAL
La arista principal de Caval se remonta al 17 de enero de 2015, cuando la sociedad Caval compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick.Luego, el 5 de febrero, la firma vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta, quien tras destaparse el caso se vio obligado a renunciar a la Dirección Sociocultural de La Moneda el 13 de febrero.
Ya en curso la denuncia, la causa comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo y pasó a manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de los imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica.
