El equipo de fiscales liderado por José Luis Pérez Calaf pidió también la cancelación de una multa del 10% del perjuicio causado, el que asciende a los $524 millones, según publicó La Tercera.
Dentro de la solicitud de los persecutores se cuenta la pena de cinco años y un día de inhabilitación para ejercer cargos, empleos u oficios públicos y “la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por el delito de Fraude al Fisco“, consignó el matutino.