Un informe de la PDI que reúne una serie de declaraciones de funcionarios que trabajaron durante la administración de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (Ind.-UDI), entre 2016 y 2021, está ya en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente y la jurisdicción designó recientemente a una nueva persecutora, Constanza Encina, para hacerse cargo del caso de cara a las definiciones de una eventual formalización.
Según consigna El Mercurio este martes, el documento además revisa testimonios de empleados aún en funciones, la normativa municipal relacionada con el presupuesto y las observaciones de la Contraloría (2017-2019) sobre la administración de los recursos.
Los resultados del reporte policial, que dan cuenta de que se cuadraban los gastos pese al déficit presupuestario, son analizados por los actuales investigadores. Porque si bien la zona metropolitana Occidente que originalmente instruía la causa había resuelto el mes pasado formularle cargos, la fiscal Encina debe determinar por sí misma el futuro del caso, donde se investiga un posible fraude al fisco.
La indagatoria ya suma cerca dos años. Tras la salida de la exjefa comunal del municipio en 2021, la actual administración, encabezada por Tomás Vodanovic (RD), cuestionó distintos aspectos de su gestión. Poco después, se querelló y le atribuyó a “la exalcaldesa de Maipú y todos quienes resulten responsables el perjuicio de más de $21 mil millones”, por, entre otras situaciones, una “sobreestimación de los ingresos municipales año a año (…) disponiendo de recursos que no existían”, y por “la adulteración de documentos contables”.
DEFENSA DE BARRIGA
La defensa de Barriga fue consultada por este informe de la PDI y declinó hacer comentarios, pero el abogado Marcelo Hawda, en ocasiones anteriores, ha descartado irregularidades en la comuna de Maipú bajo la gestión de su representada.
Entre otros antecedentes, ese informe consigna que el exsecretario de Planificación (Secpla), Matías Silva declara que, a su juicio, la exalcaldesa es “responsable del incremento de la deuda municipal, toda vez que insistía en generar proyectos y contratar personas fuera de presupuesto, pese a que él le informaba el déficit que eso estaba provocando al municipio”.
También, que “Luis González, analista Secpla, manifestó en su declaración que los jefes a quienes se les daba cuenta que nos encontrábamos en un déficit financiero (…) en ocasiones amenazaban verbalmente e indirectamente a los analistas presupuestarios con despedirlos si no realizaban los ajustes presupuestarios que ayudarían a financiar los proyectos de la exalcaldesa”.
