Una nueva arista en el caso de la eventual extradición a Chile del ex frentista Sergio Galvarino Apablaza, se abrió este miércoles, luego que el Gobierno argentino pusiera en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación que enfrenta el requerido por la justicia chilena como autor del crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán.

La información la dio conocer el canciller (s) Edgardo Riveros, al valorar que este camino que, según explicó, permitirá a la administración del Presidente Mauricio Macri y la familia del asesinado legislador dialogar y exponer los antecedentes que acrediten si el delito reúne las características para que eventualmente se le quite la condición de refugiado político al chileno que lleva años en el vecino país sin poder ser sometido a proceso en Chile.

“Es una situación valorable y positiva que en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos los peticionarios, esencialmente la familia Guzmán y el Gobierno argentino puedan arribar a una solución amistosa del problema planteado”, indicó el secretario de Estado aclarando que Chile no será garante de ese proceso porque no le corresponde.

No obstante esa alternativa, subrayó que el ministerio de Relaciones Exteriores insistirá ante los tribunales trasandinos en su cometido para revocarle la garantía que la ex Presidenta Cristina Fernández y pueda ser traído al país, una vez que el Ejecutivo argentino haga su apelación para mantenerla con argumentos que a Chile aún no le han sido informados, pero que pronto conocerá.