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Caso Ámbar: Lista la comisión que verá acusación constitucional contra jueza

Mediante el sistema de tómbola, resultaron electos los diputados Florcita Alarcón (PH), Juan Luis Castro (PS), Gabriel Ascencio (DC), Pablo Prieto (IND) y Marcelo Díaz (Indep.).
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La Cámara de Diputados sorteó en esta jornada a los integrantes de la comisión que revisará la acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, por autorizar la libertad condicional de Hugo Bustamante, único imputado por el homicidio de Ámbar Cornejo (16) en Villa Alemana.

Mediante el sistema de tómbola, resultaron electos los diputados Florcita Alarcón (PH), Juan Luis Castro (PS), Gabriel Ascencio (DC), Pablo Prieto (IND) y Marcelo Díaz (Indep.).

El paso siguiente es que el grupo parlamentario elija un presidente y acuerde el cronograma de trabajo y la lista de invitados para exponer sobre la procedencia, validez y mérito jurídico el libelo acusatorio.

Además, tras el sorteo, comenzó a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, a la acusada. A partir de ello, la jueza tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.

Posteriormente, la comisión especial tendrá seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, informe que será votado posteriormente por la Sala de la Cámara.

La acusación -suscrita en forma transversal por parlamentarios de distintos sectores, encabezados por Andrés Longton (RN)– apunta a la responsabilidad de la jueza Silvana Donoso, quien otorgó, en 2016, la libertad a Hugo Bustamante Pérez, único imputado en el crimen de la menor y autor de otro doble homicidio el 2005, fecha en la que dio muerte a su pareja y al hijo de esta. Lo anterior, pese al informe negativo presentado por Gendarmería.

El libelo acusatorio está compuesto por dos capítulos; el notable abandono de deberes, por haber aplicado un criterio torcido de la ley y no haber sido imparcial en la aplicación de la misma; y la transgresión de tratados internacionales relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

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