En el hecho murieron 21 personas, entre ellos Felipe Camiroaga, el empresario Felipe Cubillos y el periodista Roberto Bruce, y la Justicia Militar cerró la investigación sin culpables vivos, sólo adjudicó responsabilidad a los pilotos ya fallecidos.
En la resolución del lunes, el magistrado Fernando Guzmán remitió al Ministerio Público los antecedentes aportados por los denunciantes y querellantes y solicitó la inhibición de la Justicia Militar para continuar la tramitación del caso.
También solicitó al ministro en visita extraordinaria de la Corte Marcial, Hernán Crisosto Greisse, que se inhabilite de seguir conociendo la causa y, en caso de acceder, remitir el expediente que está en poder del Juzgado de Aviación de Santiago a la Fiscalía Local de Pudahuel, que deberá continuar con el caso. Si el ministro Crisosto se niega, se entiende trabada la competencia que deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
En su resolución, el juez Guzmán consideró la modificación legal de 2010 que restringió la competencia de los tribunales militares en causas que involucren a civiles, como víctimas o imputados.
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