El Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado –CDE– y declaró disuelta la fundación “Los 33 de Atacama”, cancelando la personalidad jurídica de la organización que presidía Luis Urzúa Iribarren.
En el fallo, la magistrada Carina Honorato Gajardo decretó la disolución de la fundación por incumplir las instrucciones del Ministerio de Justicia, tras una denuncia formulada por dos directores de la fundación.
La sentencia, que se encuentra firme y ejecutoriada, consigna que el expediente administrativo aparece una serie de documentos aportados que señalarían que la entidad formada por los rescatados del yacimiento San José, habrían incumplido algunos de los requisitos como no citar a reuniones de directorio.
La resolución agrega que “teniendo presente que la primera obligación instruida era citar a sesión del directorio, y en consecuencia celebrar la misma, efectivamente, de conformidad a sus estatutos, es que logra concluirse también, que no ha existido por parte de quienes conforman la figura jurídica de la fundación, un ápice, como directorio, de dar cumplimiento a las instrucciones encomendadas”.
La demanda del CDE se originó luego que 4 de los mineros rescatados denunciaran a Urzúa que no se informaba de los dineros recaudados por concepto de donaciones, los que según el ex jefe de turno de mina San José “están declarados” en los balances financieros.
Según informó Urzúa respecto a la demanda, la fundación habría recibido 6 millones en el 2013 y a partir del 2014 no se aceptaron más de dineros provenientes de los donativos hasta que la justicia aclarara la disputa.
En el fallo, la magistrada Carina Honorato Gajardo decretó la disolución de la fundación por incumplir las instrucciones del Ministerio de Justicia, tras una denuncia formulada por dos directores de la fundación.
La sentencia, que se encuentra firme y ejecutoriada, consigna que el expediente administrativo aparece una serie de documentos aportados que señalarían que la entidad formada por los rescatados del yacimiento San José, habrían incumplido algunos de los requisitos como no citar a reuniones de directorio.
La resolución agrega que “teniendo presente que la primera obligación instruida era citar a sesión del directorio, y en consecuencia celebrar la misma, efectivamente, de conformidad a sus estatutos, es que logra concluirse también, que no ha existido por parte de quienes conforman la figura jurídica de la fundación, un ápice, como directorio, de dar cumplimiento a las instrucciones encomendadas”.
La demanda del CDE se originó luego que 4 de los mineros rescatados denunciaran a Urzúa que no se informaba de los dineros recaudados por concepto de donaciones, los que según el ex jefe de turno de mina San José “están declarados” en los balances financieros.
Según informó Urzúa respecto a la demanda, la fundación habría recibido 6 millones en el 2013 y a partir del 2014 no se aceptaron más de dineros provenientes de los donativos hasta que la justicia aclarara la disputa.
