A contar de las 10 horas de este jueves, la Cámara de Diputados discutirá y votará la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentada por la Bancada del Partido Republicano por “comprometer gravemente la seguridad nacional”.
El libelo llega con informe negativo de la comisión revisora.
La acusación, presentado el 30 de septiembre pasado por las diputadas Sofía Cid, Catalina Del Real, y por los diputados Cristián Araya, Juan Irarrázaval, José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Renzo Trisotti consta de dos capítulos acusatorios:
– Haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, y haber dejado éstas sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de la crisis de seguridad pública más grave de nuestra historia reciente.
– Haber infringido la Ley de migración y extranjería, y haber dejado leyes sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la vulneración de nuestras fronteras en medio de la crisis de migración ilegal más grave de nuestra historia reciente.
La comisión revisora estuvo integrada por Jaime Araya (Indep, presidente), Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (PAH), Marta González (IND) y Guillermo Ramírez (UDI). El martes pasado, los cuatro primeros rechazaron la procedencia de la acusación, por lo cual el libelo llega con informe negativo a la Sala.
RESPUESTA DE LA MINISTRA
El lunes pasado, la ministra Tohá contestó a la acusación constitucional en un texto de 174 páginas.
En cuanto al primer capítulo, afirmó que no se exponen “acciones u omisiones específicas, sino que se limitan a realizar afirmaciones que califican el mérito de mi gestión o presentan su disconformidad con ellas”.
De la sola lectura del primer capítulo acusatorio, agregó, “resulta claro que los acusadores no cumplen con un presupuesto básico para la imputación de responsabilidad constitucional: la identificación de hechos que configuren una infracción al ordenamiento jurídico”.
Dijo también que “la información aportada por el libelo está llena de imprecisiones, deformaciones y generalizaciones tanto jurídicas como fácticas que hacen inadmisible la procedencia del libelo acusatorio”.
Sobre el segundo capítulo del libelo, aseguró que “los acusadores no me imputan pura y simplemente falta de acciones, sino que buscan sostener que las múltiples acciones que sí he realizado en cumplimiento de mis funciones no serían ‘suficientes’ ni ‘adecuadas'”.
Cuestionó además que el libelo “no identifica hechos específicos que permitan la configuración de las causales invocadas”.
La defensa de la ministra está a cargo del expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, quien el martes pasado declaró que “es muy probable que invoquemos la cuestión previa por la existencia de imputaciones genéricas que más bien describen hechos o situaciones del país y que no se adentran en la responsabilidad de la ministra”.
