Tras un debate que se prolongó por dos jornadas, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general, por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones el proyecto de ley de royalty minero.

La iniciativa, que previamente había sido analizada por la comisiones de Minería y Hacienda, había iniciado su debate este martes, día en el que no fue sometida a votación debido a la gran cantidad de parlamentarios inscritos para intervenir en la discusión.

Además, durante esta jornada hizo uso de la palabra el Ejecutivo, que remarcó la inconstitucionalidad de la norma y por ende, su rechazo al texto legal

En primer término, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, insistió en que la moción es inconstitucional porque hace referencia la creación de un tributo, que es atribución exclusiva del Presidente de la República.

Asimismo precisó que “desde el punto de vista conceptual, el impuesto a la minería tiene una tasa variable, aumenta o disminuye según el precio del mineral… cómo ha estado el precio del cobre la recaudación también ha aumentado y seguirá aumentando durante el resto del año, tanto por su valor como por la tasa, por lo que hoy ya tenemos un mejor precio, ya tenemos una mejor recaudación”, enfatizó.

A su turno el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, precisó que el litio en Chile ya recauda cerca del 45% de sus ganancias por concepto de contratos e impuestos. A ello dijo, se debe agregar el estancamiento de la demanda de cobre, que ha ido perdiendo participación de mercado en los últimos 20 años.

“El país lo que tiene que hacer es aumentar los niveles de producción y exportación y no impulsar una legislación express que hace daño a Chile”, indicó.

En esa línea el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, anunció reserva de constitucionalidad con el objeto de frenar el trámite del proyecto.

El proyecto de ley volverá ahora a la Comisión de Minería por ser objeto de indicaciones, para su análisis en particular.

Cabe recordar que si bien la iniciativa había sido ingresada a tramitación en septiembre de 2018, solo en marzo del año pasado se dio prioridad a su discusión legislativa, la que debió ser congelada debido a la prioridad que el parlamento asignó en su oportunidad, a la agenda legislativa para hacer frente a la pandemia de Covid-19.