En una sorpresiva votación, ya que no estaba en tabla, la Cámara de Diputados aprobó este martes por 99 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, el proyecto que sanciona las ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocido como ley de usurpaciones. El articulado incluyó la polémica “autotutela”, es decir, la legítima defensa propia de los dueños.

Los diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) votaron en contra, pero no pudieron detener la iniciativa que ahora pasó al Senado, donde será votada este miércoles.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró que se ocuparán todas las instancias para mejorar el proyecto, incluyendo el Tribunal Constitucional (TC) y el veto presidencial.

La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan por la fuerza y en forma armada tratar de recuperarlo.

Entre los principales objetivos del proyecto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.

Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.

Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.