La Cámara de Diputados aprobó la partida presupuestaria de la Presidencia de la República para el año 2025, con una indicación para que el Mandatario, los ministros y subsecretarios se sometan a un control de drogas cada seis meses.

El presupuesto de la Presidencia tiene una variación de 0%, respecto del presente año. No obstante, considera un aumento en gastos de personal que son compensados con la reducción en transferencias corrientes. Además, contempla recursos para la operación y mantención del Palacio de La Moneda, la Residencia Presidencial Cerro Castillo y el Edificio Moneda Bicentenario.

En el debate, las y los diputados que intervinieron en el debate criticaron los recursos destinados para la contratación de personal a honorarios (102 personas para apoyo de las actividades presidenciales), lo cual preocupa por ser un año electoral. Asimismo los destinados al Palacio de Cerro Castillo.

Luego, la Sala aprobó tres indicaciones parlamentarias. La primera, del diputado Juan Antonio Coloma (UDI), establece que el Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.

Previamente, la mesa declaró inadmisible esta indicación, pero posteriormente la Sala la consideró admisible por 75 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Luego fue aprobada por 81 votos a favor, 35 en contra y cuatro abstenciones. Entre los votos a favor estuvieron la presidenta de la Cámara, Carol Kariola (PC), y los diputados oficialistas Jaime Araya, Marcos Ilabaca, Leonardo Soto, Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales.

En su argumentación, Coloma enfatizó que “así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo”. Tras la aprobación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó una reserva de constitucionalidad.

Asimismo, se respaldó la indicación presentada por los diputados de RN, Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frank Sauerbaum, para incorporar una glosa nueva que indica que no podrá exigirse al personal de apoyo de la Presidencia la realización de jornadas de trabajo que coloquen en riesgo su integridad física o psíquica.

En caso fallecimiento o enfermedad grave, la Dirección Administrativa de la Presidencia deberá iniciar una investigación sumaria de la cual informará a la familia, Contraloría y la Inspección del Trabajo. La indicación se fundamenta en la muerte de un gásfiter en La Moneda tras largas horas de trabajo.

Por último, se aprobó la indicación del diputado Luis Sánchez (republicano), que señala que las personas que se contraten con cargo a los recursos de Presidencia tendrán la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, incluida la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de sus funciones.