La Cámara de Diputados aprobó anoche, por 62 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, el proyecto de reforma a la educación superior, una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en esta área. La propuesta, que establece un nuevo sistema para las universidades privadas, pasó al Senado.
Eran varios los puntos en controversia de la iniciativa. La atención se concentró en la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que se aprobó, pero supeditado a que a enero de 2019 exista otra fórmula que lo reemplace.
Durante la sesión, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, reiteró que en noviembre ingresará el proyecto que reemplazará este mecanismo.
Asimismo, se aprobó que a partir del próximo año la gratuidad en la educación superior beneficie a los estudiantes que provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población, es decir, al 60% de los jóvenes más vulnerables.
Esta medida fue rechazada en la mañana de ayer lunes por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien llamó a no aprobarla por tener un costo de más de 300 millones de dólares, dineros que él destinaría a mejorar la atención de los menores y subir las pensiones solidarias.
Además, se plantea que se avance hacia los siguientes deciles dependiendo del crecimiento económico del país, basado en el PIB tendencial, lo que permitirá la gratuidad universal cuando la recaudación fiscal sea del 29,5% del PIB tendencial.
La iniciativa, cuyo trámite se inició el pasado martes 11 de julio, tiene como propósito específico “la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico profesional y la gratuidad en la educación superior”.
En términos concretos, la propuesta legal establece el marco de derechos y principios que regirá al sistema, entre otros: autonomía, calidad, diversidad de proyectos educativos institucionales, inclusión, libertad académica, participación, respeto y promoción de los derechos humanos y acceso al conocimiento.
Luego, define el rol y las características de las instituciones de educación superior (IES), es decir, de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica; determina la composición del sistema y la tutoría que sobre este ejercerá la Subsecretaría de Educación Superior y la fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación Superior. En estos dos últimos casos, se determinan las normas para su creación, atribuciones y estructura.
El proyecto redefine al Consejo de Rectores y abre la opción a que este sea integrado por todas las universidades reconocidas por el Estado que lo soliciten, bajo determinadas condiciones.
Luego, se avanza en el sistema común de acceso a las IES, sus características generales y principios; la administración del mecanismo por parte de la Subsecretaría; programas especiales; y carácter obligatorio del instrumento para todas las instituciones que reciban recursos públicos y/o financiamiento estudiantil con la garantía del Estado.
También se regula la forma de organización de las instituciones de educación superior constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (entre otros, controlador, destino de los recursos, órgano de administración superior); y se determinan las normas que regirán el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, las instituciones que lo integrarán y sus funciones.
Entre otras variadas materias, el proyecto determina las coordenadas para el financiamiento institucional para la gratuidad; regula el sistema de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación; y determina cómo se definirán las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad.
Eran varios los puntos en controversia de la iniciativa. La atención se concentró en la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que se aprobó, pero supeditado a que a enero de 2019 exista otra fórmula que lo reemplace.
Durante la sesión, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, reiteró que en noviembre ingresará el proyecto que reemplazará este mecanismo.
Asimismo, se aprobó que a partir del próximo año la gratuidad en la educación superior beneficie a los estudiantes que provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población, es decir, al 60% de los jóvenes más vulnerables.
Esta medida fue rechazada en la mañana de ayer lunes por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien llamó a no aprobarla por tener un costo de más de 300 millones de dólares, dineros que él destinaría a mejorar la atención de los menores y subir las pensiones solidarias.
Además, se plantea que se avance hacia los siguientes deciles dependiendo del crecimiento económico del país, basado en el PIB tendencial, lo que permitirá la gratuidad universal cuando la recaudación fiscal sea del 29,5% del PIB tendencial.
La iniciativa, cuyo trámite se inició el pasado martes 11 de julio, tiene como propósito específico “la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico profesional y la gratuidad en la educación superior”.
En términos concretos, la propuesta legal establece el marco de derechos y principios que regirá al sistema, entre otros: autonomía, calidad, diversidad de proyectos educativos institucionales, inclusión, libertad académica, participación, respeto y promoción de los derechos humanos y acceso al conocimiento.
Luego, define el rol y las características de las instituciones de educación superior (IES), es decir, de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica; determina la composición del sistema y la tutoría que sobre este ejercerá la Subsecretaría de Educación Superior y la fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación Superior. En estos dos últimos casos, se determinan las normas para su creación, atribuciones y estructura.
El proyecto redefine al Consejo de Rectores y abre la opción a que este sea integrado por todas las universidades reconocidas por el Estado que lo soliciten, bajo determinadas condiciones.
Luego, se avanza en el sistema común de acceso a las IES, sus características generales y principios; la administración del mecanismo por parte de la Subsecretaría; programas especiales; y carácter obligatorio del instrumento para todas las instituciones que reciban recursos públicos y/o financiamiento estudiantil con la garantía del Estado.
También se regula la forma de organización de las instituciones de educación superior constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (entre otros, controlador, destino de los recursos, órgano de administración superior); y se determinan las normas que regirán el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, las instituciones que lo integrarán y sus funciones.
Entre otras variadas materias, el proyecto determina las coordenadas para el financiamiento institucional para la gratuidad; regula el sistema de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación; y determina cómo se definirán las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad.
