La Cámara de Diputados aprobó por 74 votos a favor, 53 en contra y diez abstenciones un proyecto de acuerdo por medio del cual se le solicitará al Presidente Sebastián Piñera la reposición de la iniciativa de reparación para víctimas de la dictadura en Chile.

Esto, tras una extensa interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, precisamente por el retiro, por parte del Ejecutivo, de este proyecto.

El cuestionario de preguntas realizado por la diputada Carmen Hertz versó sobre la política de derechos humanos del Gobierno y, en particular, al retiro del proyecto que “otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”. Además, entre otros puntos, se interrogó sobre los compromisos del Ejecutivo en materia de reparación a las víctimas de la dictadura cívico militar.

La parlamentaria puso de plano, en cada pregunta, recuerdos dolorosos y dramáticos hechos de tortura, represión política, exilio forzado y de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo de la dictadura, entre 1973 y 1990.

De este modo, el proceso de consulta tuvo una duración cercana a las tres horas y en éste se abordó diversas temáticas relacionadas con el ámbito de los derechos humanos, entre ellos, el compromiso del Gobierno en materia de reparación y el cuestionado retiro del proyecto que otorgaba un aporte en dicha línea a víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

En cada mención de memoria histórica, la legisladora, basada tanto en su experiencia personal como en los antecedentes recogidos en los Informes Valech y Rettig, rememoró la deuda que tiene el Estado de Chile para con las víctimas de la represión o para con sus herederos, en el caso de las personas asesinadas o hechas desaparecer.

Asimismo, hizo ver que esta deuda no solo responde a un deber ético-moral del país, sino también un deber relacionado a los compromisos adquiridos por medio de diversos acuerdos internacionales firmados.

En dicho plano, la parlamentaria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, llamó al ministro Larraín a plantearse que el retiro repentino del proyecto que buscaba otorgar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile, ya sancionado en general por el grupo parlamentario, era una afrenta a los compromisos del país en materia de derechos humanos, viene a acentuar la impunidad para con la comisión de crímenes atroces y daña el espíritu de reconciliación de la nación.

LAS EXPLICACIONES DEL MINISTRO

A su vez, el titular de Estado manifestó su total repudio a los hechos de violencia y de violación a los derechos humanos vividos durante la dictadura y recordó en reiteradas ocasiones que el país, a través de los diversos gobiernos que se han venido sucediendo desde 1990, ha buscado avanzar progresivamente y en forma seria en verdad, justicia y reparación.

En dicho plano recordó, por ejemplo, las leyes Valech y Rettig, así como variadas iniciativas que han buscado avanzar en reparación, por medio de bonos, pensiones o beneficios en educación y salud.

“A mi juicio, Chile lo ha hecho extraordinariamente bien, dentro de las limitaciones que tiene”, planteó, recordando que el país ha entregado recursos por US$6.170 millones en materias como reparación, verdad, justicia y memoria histórica.

Respecto del retiro del proyecto, llamó a no observar una facultad privativa del Gobierno y remarcó que el Ejecutivo tuvo a la vista, al momento de retirar la propuesta, el hecho que esta fue presentada por la administración anterior a solo cinco días del cambio de mando y que no existen hoy los recursos fiscales para avanzar en la materia, dada la deteriorada situación financiera del país.

Asimismo, fue enfático en señalar que nunca ninguna reparación económica será suficiente para compensar a las personas que sufrieron los horrores de la represión y afirmó que el retiro del proyecto no es un cierre del capítulo.

Además, resaltó que la agenda del Gobierno comprende un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluye materias propias de la justicia transicional, como son el financiamiento de procesos judiciales, continuar con la búsqueda de personas desaparecidas y excavaciones en esa línea y avanzar en la memoria histórica; pero también en torno a otros temas de preocupación, como son la situación de los niños vulnerados en sus derechos, migrantes y personas privadas de libertad.

Durante la interpelación, la diputada Carmen Hertz y el ministro Hernán Larraín también tuvieron un fluido intercambio de opiniones, en el cual cada uno expresó su visión sobre los aportes que ha realizado el Estado en materia de reparación, así como en cuanto a la participación de la derecha en orden de avanzar en verdad, justicia y reparación.