El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tuvo que salir a dar explicaciones por la solicitud que hizo a la Superintendencia de Pensiones sobre los datos de los afiliados que solicitaron su 10% de las AFP. Admitió que generó inquietud, que se pudo explicar mejor y ante una eventual acusación constitucional dijo que actuó conforme a la ley.

Precisó que los datos solicitados “son fundamentales para hacer cruces con fines estadísticos, las políticas públicas se construyen en buena parte a base de datos, requerimos mejores datos para poder llegar a las personas que lo necesitan, se requiere de datos para mejores diagnósticos y a partir de ahí para mejores políticas”.

Afirmó que esta petición “no tiene como objeto identificar a nadie en particular, sino que hacer lo que se hace recurrentemente en el Estado, que es permitir cruces estadísticos en los sistemas informáticos del Estado, en el contexto además de las facultades exclusivas que tiene este ministerio”.

Según remarcó, “ninguna autoridad del ministerio, incluyéndome, tiene acceso a estos datos individualizados. Quiero ser muy claro y enfático, aquí no se busca individualizar a alguien o conocer si una persona en particular ha hecho uso de su derecho al retiro”.

“Lo que nos interesa es generar estadísticas que permitan una visión de conjunto, en este caso en particular se solicitaron microdatos como siempre lo hemos hecho en virtud de nuestras atribuciones legales, porque solo con esta información de microdatos podemos obtener importantes cruces de informaciones”, insistió.

“Estos cruces de información tan importante son los que nos permiten modelar los efectos de la reforma de pensiones que hoy día estamos empujando, todo esto requiere datos para modelar los efectos y cuantificar los costos”, ejemplificó Briones.

También aseguró que “todo el manejo de esta información sensible se hace bajo estrictos protocolos de seguridad, resguardando en todo momento la privacidad de las personas. En concreto, el envío de datos entre instituciones se hace a través de una casilla segura. A su vez, el almacenamiento de estos datos se hace en un servidor institucional con estrictas medidas de seguridad”.

Además, anunció que el ministerio ha adoptado un plazo máximo de 15 días hábiles para el almacenamiento de estos datos, por lo tanto se eliminarán a partir del día 16.

Briones reconoció que “esto ha generado inquietud, dudas muy comprensibles, empatizo con ellas, se pudo haber explicado mejor, de forma tal de no generar esta justificada inquietud y duda , pero quiero reiterar que las personas pueden estar tranquilas de que sus datos personales no han sido ni serán utilizados para un fin distinto que el meramente estadístico”.

Consultado por una eventual acusación constitucional, respondió que “yo creo que cada cual tiene que ejercer sus labores, esto se apega estrictamente a la legalidad, nosotros tenemos como Ministerio de Hacienda el derecho a acceder a esta información con los resguardos del caso que establece la ley”.

“Cuando se viola esa privacidad hay sanciones draconianas que establece la ley y eso algo que resguarda y da garantía a los chilenos de que esta información se use con fines estrictamente estadísticos”, concluyó.