La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó el lunes el conflicto entre profesores, municipios y gobierno por el pago de la bonificación proporcional o bono SAE. La instancia acordó continuar con el tema la próxima semana, pero esta vez, con los ministros del Interior, Educación y Hacienda.
En la sesión, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, manifestó que “no hay posibilidad de cancelar esta demanda. Estamos hablando de municipios que están demandados por $2.300 millones, incluso $8.000 millones. O sea, triplican el presupuesto de las respectivas comunas”.
Los diputados coincidieron en que es un problema de difícil solución y recordaron que el alcalde de Copiapó estuvo preso por una deuda que asciende a los $500 mil millones.
Los alcaldes dicen que ellos ya pagaron la bonificación, siguiendo las instrucciones del gobierno y de la Contraloría General de la República. Sin embargo, divergencias en la interpretación de las leyes que aplican en esta materia, llevaron a los profesores a recurrir a la Justicia puesto que, alegan, la bonificación no fue entregada.
El gobierno, a su vez, señaló que ya entregaron los recursos y que aunque la Justicia -como ha ocurrido en algunos casos- ordene pagar la bonificación, no puede volver a entregar estos dineros a las municipalidades.
El diputado Mario Venegas (DC), integrante de la Comisión de Educación, explicó que “hemos tenido diversas interpretaciones de los órganos del Estado. Por un lado, la Contraloría, que sostiene que estaría pagado y que no le corresponde volver a pagar a los municipios. Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, que también adscribe a esa misma tesis”.
Sin embargo, detalló que en la Corte Suprema ha habido fallos en contrario, que han obligado a los municipios a pagar, “y estamos hablando de una magnitud importante, de los 345 municipios que hay en el país, 155 aproximadamente tienen este tipo de demanda, en una magnitud de dinero que estamos hablando del orden de $125.000 millones a cancelar ya, que se podrían proyectar todavía más, dado que hay que agregar intereses, costas y otros”.
Esto deja a los municipios en una condición muy precaria, puesto que, al cumplir las sentencias, sobre todo en comunas más pequeñas, se quedan sin recursos para otras prestaciones.
En la sesión, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, manifestó que “no hay posibilidad de cancelar esta demanda. Estamos hablando de municipios que están demandados por $2.300 millones, incluso $8.000 millones. O sea, triplican el presupuesto de las respectivas comunas”.
Los diputados coincidieron en que es un problema de difícil solución y recordaron que el alcalde de Copiapó estuvo preso por una deuda que asciende a los $500 mil millones.
Los alcaldes dicen que ellos ya pagaron la bonificación, siguiendo las instrucciones del gobierno y de la Contraloría General de la República. Sin embargo, divergencias en la interpretación de las leyes que aplican en esta materia, llevaron a los profesores a recurrir a la Justicia puesto que, alegan, la bonificación no fue entregada.
El gobierno, a su vez, señaló que ya entregaron los recursos y que aunque la Justicia -como ha ocurrido en algunos casos- ordene pagar la bonificación, no puede volver a entregar estos dineros a las municipalidades.
El diputado Mario Venegas (DC), integrante de la Comisión de Educación, explicó que “hemos tenido diversas interpretaciones de los órganos del Estado. Por un lado, la Contraloría, que sostiene que estaría pagado y que no le corresponde volver a pagar a los municipios. Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, que también adscribe a esa misma tesis”.
Sin embargo, detalló que en la Corte Suprema ha habido fallos en contrario, que han obligado a los municipios a pagar, “y estamos hablando de una magnitud importante, de los 345 municipios que hay en el país, 155 aproximadamente tienen este tipo de demanda, en una magnitud de dinero que estamos hablando del orden de $125.000 millones a cancelar ya, que se podrían proyectar todavía más, dado que hay que agregar intereses, costas y otros”.
Esto deja a los municipios en una condición muy precaria, puesto que, al cumplir las sentencias, sobre todo en comunas más pequeñas, se quedan sin recursos para otras prestaciones.
