• Sebastián Izquierdo Ramírez, superintendente de Educación.
Recientemente la Superintendencia de Educación aprobó el primer programa de fiscalización a establecimientos de educación parvularia. Lo anterior, con el objetivo de poner a los niños primero, resguardando sus derechos y libertades, avanzando así hacia una educación inicial de calidad que les ofrezca un mejor futuro. De esta manera, asumimos nuestro rol en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) en el nivel.
En 2013, la primera administración del Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso el proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento para establecimientos de educación parvularia. Este proyecto, hoy convertido en la Ley 20.832, traspasa la función de fiscalización de Junji a la Superintendencia de Educación, haciendo realidad la separación de la prestación de servicios y la fiscalización en el nivel. Por otro lado, con esta normativa se amplían las atribuciones de la Superintendencia a todo el universo de establecimientos de educación parvularia, estén o no certificados.
La responsabilidad y el desafío de implementar gradualmente la fiscalización en este nivel no es menor. Por un lado, existe una abrumadora evidencia sobre efectos positivos en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños que asisten a ella, particularmente en los grupos más vulnerables de la población. Sin embargo, también existe un riesgo, que se refiere a que cuando la calidad de los establecimientos es deficiente, los efectos pueden ser negativos y persistentes en el tiempo.
Es por eso que el primer programa de fiscalización de la Superintendencia para establecimientos de educación parvularia considera la revisión de cuatro aspectos clave: Primero, cumplimiento de los coeficientes técnicos, para cautelar que el personal que atiende los establecimientos posea los títulos y contratos, además sea el suficiente e idóneo para favorecer la calidad del aprendizaje y atención de los párvulos.
El segundo aspecto es el buen trato y convivencia, para asegurar que existan protocolos de actuación orientados a proteger la integridad física y psicológica de los niños y niñas.
En tercer lugar, que existan condiciones de seguridad referidas a idoneidad moral, a través de certificados de antecedentes y registros de inhabilidades para trabajar con niños y plan de seguridad y vías de evacuación.
Y finalmente, las condiciones sanitarias que tienen que ver con los requisitos de higiene y alimentación de acuerdo a ministerio de Salud.
Estos aspectos, junto con ser relevantes para la calidad de la prestación del servicio educativo, de acuerdo a un estudio de la Superintendencia, son elementos altamente valorados por los padres y apoderados a la hora de elegir un establecimiento de educación parvularia.
Por otro lado, las fiscalizaciones al nivel se harán conforme al nuevo enfoque de derechos y libertades fundamentales, es decir teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de la educación parvularia y centrándonos en la mejora continua, dejando atrás una perspectiva meramente punitiva. De esta manera, esperamos que la transición hacia el cumplimiento de la Ley 20.832, que establece los requisitos mínimos de funcionamiento de todos los establecimientos del nivel, sea lo menos disruptiva posible con la continuidad del servicio educativo, sin comprometer el bienestar de los párvulos.
Según la Encuesta Casen, cerca de la mitad de los niños que están en edad de asistir a la educación parvularia, no lo hace, en especial en los hogares en mayor situación de vulnerabilidad. Esperamos con nuestro rol contribuir a que los padres y apoderados identifiquen en los establecimientos educativos la existencia de condiciones adecuadas para un aprendizaje significativo y necesario para un desarrollo integral de sus hijos, favoreciendo así la confianza en el sistema.
Nuestra principal motivación es trabajar por la educación que merecen los niños de Chile y velar por las condiciones para que las educadoras de párvulos y los técnicos del nivel puedan realizar de la mejor forma su trabajo. La implementación de la Ley 20.832 es un ejemplo de cómo, en la medida en que las leyes ponen un mayor foco en los niños y sus necesidades, nuestras acciones pueden orientarse también a ese objetivo. Bienvenida educación parvularia al Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
•Sebastián Izquierdo Ramírez, superintendente de Educación.
Recientemente la Superintendencia de Educación aprobó el primer programa de fiscalización a establecimientos de educación parvularia. Lo anterior, con el objetivo de poner a los niños primero, resguardando sus derechos y libertades, avanzando así hacia una educación inicial de calidad que les ofrezca un mejor futuro. De esta manera, asumimos nuestro rol en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) en el nivel.
En 2013, la primera administración del Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso el proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento para establecimientos de educación parvularia. Este proyecto, hoy convertido en la Ley 20.832, traspasa la función de fiscalización de Junji a la Superintendencia de Educación, haciendo realidad la separación de la prestación de servicios y la fiscalización en el nivel. Por otro lado, con esta normativa se amplían las atribuciones de la Superintendencia a todo el universo de establecimientos de educación parvularia, estén o no certificados.
La responsabilidad y el desafío de implementar gradualmente la fiscalización en este nivel no es menor. Por un lado, existe una abrumadora evidencia sobre efectos positivos en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños que asisten a ella, particularmente en los grupos más vulnerables de la población. Sin embargo, también existe un riesgo, que se refiere a que cuando la calidad de los establecimientos es deficiente, los efectos pueden ser negativos y persistentes en el tiempo.
Es por eso que el primer programa de fiscalización de la Superintendencia para establecimientos de educación parvularia considera la revisión de cuatro aspectos clave: Primero, cumplimiento de los coeficientes técnicos, para cautelar que el personal que atiende los establecimientos posea los títulos y contratos, además sea el suficiente e idóneo para favorecer la calidad del aprendizaje y atención de los párvulos.
El segundo aspecto es el buen trato y convivencia, para asegurar que existan protocolos de actuación orientados a proteger la integridad física y psicológica de los niños y niñas.
En tercer lugar, que existan condiciones de seguridad referidas a idoneidad moral, a través de certificados de antecedentes y registros de inhabilidades para trabajar con niños y plan de seguridad y vías de evacuación.
Y finalmente, las condiciones sanitarias que tienen que ver con los requisitos de higiene y alimentación de acuerdo a ministerio de Salud.
Estos aspectos, junto con ser relevantes para la calidad de la prestación del servicio educativo, de acuerdo a un estudio de la Superintendencia, son elementos altamente valorados por los padres y apoderados a la hora de elegir un establecimiento de educación parvularia.
Por otro lado, las fiscalizaciones al nivel se harán conforme al nuevo enfoque de derechos y libertades fundamentales, es decir teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de la educación parvularia y centrándonos en la mejora continua, dejando atrás una perspectiva meramente punitiva. De esta manera, esperamos que la transición hacia el cumplimiento de la Ley 20.832, que establece los requisitos mínimos de funcionamiento de todos los establecimientos del nivel, sea lo menos disruptiva posible con la continuidad del servicio educativo, sin comprometer el bienestar de los párvulos.
Según la Encuesta Casen, cerca de la mitad de los niños que están en edad de asistir a la educación parvularia, no lo hace, en especial en los hogares en mayor situación de vulnerabilidad. Esperamos con nuestro rol contribuir a que los padres y apoderados identifiquen en los establecimientos educativos la existencia de condiciones adecuadas para un aprendizaje significativo y necesario para un desarrollo integral de sus hijos, favoreciendo así la confianza en el sistema.
Nuestra principal motivación es trabajar por la educación que merecen los niños de Chile y velar por las condiciones para que las educadoras de párvulos y los técnicos del nivel puedan realizar de la mejor forma su trabajo. La implementación de la Ley 20.832 es un ejemplo de cómo, en la medida en que las leyes ponen un mayor foco en los niños y sus necesidades, nuestras acciones pueden orientarse también a ese objetivo. Bienvenida educación parvularia al Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
•Sebastián Izquierdo Ramírez, superintendente de Educación.
