El contralor general Jorge Bermúdez realizó este miércoles en Punta Arenas la Cuenta Pública 2018, en la que enfatizó el trabajo colaborativo de la institución con el Estado en su conjunto.
“La colaboración de la Contraloría es esencial para el fortalecimiento del sector público, por eso ha sido parte de nuestro trabajo durante 2018 y este año será un eje estructural, para contribuir a que tengamos una República sana y que utiliza de manera correcta los recursos públicos”, señaló.
De acuerdo a los datos registrados por la Contraloría General de la República (CGR), a la fecha se han firmado 215 convenios de apoyo al cumplimiento, 75% de los cuales corresponde al sector municipal.
Adicionalmente, la Contraloría suscribió 73 convenios de control previo de juridicidad con los municipios, lo que permitirá validar procesos de contratación. De esta forma, las municipalidades previenen errores que son detectados posteriormente en las auditorías.
En el plano académico, durante 2018, el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) capacitó a 17.178 a funcionarios públicos.
En el ámbito legislativo, la Contraloría participó activamente en una serie de proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, entre ellos, el control de gastos reservados, financiamiento de las Fuerzas Armadas y la ley de acceso a datos personales.
Asimismo, el contralor destacó la elaboración del documento, “Pilares para la Modernización de la Contraloría”, que fue entregado al presidente Piñera en el marco del aniversario número 92 de la institución, y que propone elementos para la discusión del proyecto de busca actualizar Ley Orgánica N°10.336.
Otro de los puntos relevados en la Cuenta Pública fue el rol de la sociedad civil en la fiscalización de los servicios públicos. En 2018, la Contraloría recibió 15.598 denuncias ciudadanas, la cifra más alta en los últimos cuatro años, un 64% más que en 2017. Además, ingresaron 11.301 solicitudes de información.
Para el contralor Bermúdez, este alto número solicitudes de fiscalización de parte de la ciudadanía y otras instituciones, “muestra que la Contraloría es una institución confiable en el control de las actuaciones del sector público y estamos en colaboración con el Estado por el buen uso de los recursos públicos, trabajando para la transparencia y la probidad”.
Precisamente en el ámbito del control, la autoridad recalcó la importancia de la toma de razón como una de las herramientas más importantes para cautelar que los actos administrativos revisados—que en 2018 alcanzaron los 23.750— se ajusten a la legalidad.
Por ese motivo, y con el fin de modernizar la toma de razón, durante 2018 se llevó a cabo un inédito proceso de consulta pública que recogió comentarios de la sociedad civil, el mundo académico, así como también de equipos jurídicos de otros servicios del Estado y la propia Contraloría.
Finalmente, y en base al plan anual de auditorías, durante 2018 se fiscalizó a 632 servicios públicos, un 7% más que en 2017. Uno de los logros más importantes fue la incorporación del sistema de Big Data para un control más inteligente lo que ha permitido destinar más recursos a la prevención de fraudes en áreas como remuneraciones y pensiones.
“La colaboración de la Contraloría es esencial para el fortalecimiento del sector público, por eso ha sido parte de nuestro trabajo durante 2018 y este año será un eje estructural, para contribuir a que tengamos una República sana y que utiliza de manera correcta los recursos públicos”, señaló.
De acuerdo a los datos registrados por la Contraloría General de la República (CGR), a la fecha se han firmado 215 convenios de apoyo al cumplimiento, 75% de los cuales corresponde al sector municipal.
Adicionalmente, la Contraloría suscribió 73 convenios de control previo de juridicidad con los municipios, lo que permitirá validar procesos de contratación. De esta forma, las municipalidades previenen errores que son detectados posteriormente en las auditorías.
En el plano académico, durante 2018, el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) capacitó a 17.178 a funcionarios públicos.
En el ámbito legislativo, la Contraloría participó activamente en una serie de proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, entre ellos, el control de gastos reservados, financiamiento de las Fuerzas Armadas y la ley de acceso a datos personales.
Asimismo, el contralor destacó la elaboración del documento, “Pilares para la Modernización de la Contraloría”, que fue entregado al presidente Piñera en el marco del aniversario número 92 de la institución, y que propone elementos para la discusión del proyecto de busca actualizar Ley Orgánica N°10.336.
Otro de los puntos relevados en la Cuenta Pública fue el rol de la sociedad civil en la fiscalización de los servicios públicos. En 2018, la Contraloría recibió 15.598 denuncias ciudadanas, la cifra más alta en los últimos cuatro años, un 64% más que en 2017. Además, ingresaron 11.301 solicitudes de información.
Para el contralor Bermúdez, este alto número solicitudes de fiscalización de parte de la ciudadanía y otras instituciones, “muestra que la Contraloría es una institución confiable en el control de las actuaciones del sector público y estamos en colaboración con el Estado por el buen uso de los recursos públicos, trabajando para la transparencia y la probidad”.
Precisamente en el ámbito del control, la autoridad recalcó la importancia de la toma de razón como una de las herramientas más importantes para cautelar que los actos administrativos revisados—que en 2018 alcanzaron los 23.750— se ajusten a la legalidad.
Por ese motivo, y con el fin de modernizar la toma de razón, durante 2018 se llevó a cabo un inédito proceso de consulta pública que recogió comentarios de la sociedad civil, el mundo académico, así como también de equipos jurídicos de otros servicios del Estado y la propia Contraloría.
Finalmente, y en base al plan anual de auditorías, durante 2018 se fiscalizó a 632 servicios públicos, un 7% más que en 2017. Uno de los logros más importantes fue la incorporación del sistema de Big Data para un control más inteligente lo que ha permitido destinar más recursos a la prevención de fraudes en áreas como remuneraciones y pensiones.
