En el marco de un encuentro sobre el “Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo) y su aplicación en Chile”, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, resaltó la importancia de mantener y fortalecer esta institucionalidad en nuestro país, destacando que la posibilidad de que cese su aplicación este año significaría un fuerte retroceso en materia de los derechos de los pueblos originarios.
“No puede existir una dicotomía entre el desarrollo económico y el respeto de los derechos de los pueblos. El convenio 169 entrega una oportunidad de diálogo político y social, y retirarlo sería una nueva bofetada a los pueblos indígenas”, dijo Barraza.
Este año el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cumple 10 años tras ser aprobado por el Congreso en 2008, periodo tras el cual puede ser denunciado o suspendido en su aplicación por nuestro país transcurrida una década.
En este contexto, el Ministro respondió a quienes están argumentando que la norma es un obstáculo para proyectos económicos y deslizando la idea de oficializar su denuncia para terminar con su vigencia.
El secretario de Estado señaló que una eventual denuncia de este convenio es “una tentación de quienes no quieren reconocer a los pueblos como sujeto de derechos. En esto se refleja la diferencia entre aquellos que promueven los derechos para los pueblos, de quienes solo les preocupa imponer sus modelos de desarrollo sin las personas y sin las comunidades locales”.
Barraza dijo además que “el Estado y las empresas han avanzado en mejorar estos procesos de Consulta y la mayoría de los retrasos tiene que ver muchas veces con falencias técnicas de los proyectos, que no logran conectar e integrar las necesidades de los pueblos”.
Estas declaraciones las pronunció en un encuentro organizado por la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Ley de Ministerio de Pueblos de la Región de Coquimbo,
“No puede existir una dicotomía entre el desarrollo económico y el respeto de los derechos de los pueblos. El convenio 169 entrega una oportunidad de diálogo político y social, y retirarlo sería una nueva bofetada a los pueblos indígenas”, dijo Barraza.
Este año el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cumple 10 años tras ser aprobado por el Congreso en 2008, periodo tras el cual puede ser denunciado o suspendido en su aplicación por nuestro país transcurrida una década.
En este contexto, el Ministro respondió a quienes están argumentando que la norma es un obstáculo para proyectos económicos y deslizando la idea de oficializar su denuncia para terminar con su vigencia.
El secretario de Estado señaló que una eventual denuncia de este convenio es “una tentación de quienes no quieren reconocer a los pueblos como sujeto de derechos. En esto se refleja la diferencia entre aquellos que promueven los derechos para los pueblos, de quienes solo les preocupa imponer sus modelos de desarrollo sin las personas y sin las comunidades locales”.
Barraza dijo además que “el Estado y las empresas han avanzado en mejorar estos procesos de Consulta y la mayoría de los retrasos tiene que ver muchas veces con falencias técnicas de los proyectos, que no logran conectar e integrar las necesidades de los pueblos”.
Estas declaraciones las pronunció en un encuentro organizado por la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Ley de Ministerio de Pueblos de la Región de Coquimbo,
