La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en contra del Banco de Chile y le ordenó restituir $20.663.902 sustraídos a través de fraude informático desde la cuenta corriente de la empresa recurrente.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y el abogado (i) Antonio Barra- acogió la acción cautelar presentada por la empresa Comercial Agrícola e Industrial Novapro SpA, tras establecer la responsabilidad del banco por la sustracción de los dineros bajo su custodia.
La resolución establece que en el banco recae finalmente el deber de eficaz custodia material del dinero, debiendo adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para tal fin.
El fraude informático ocurrió el día 7 de agosto del año 2018, cuando la asistente de la empresa afectada ingresó al sitio web del banco, con el objetivo de realizar transferencias electrónicas para pago de proveedores, requiriéndole el sistema el ingreso del código de digipass.
La asistente digitó el código y de inmediato se bloqueó el sistema y a continuación comenzó a ejecutar una serie de inusuales transferencias electrónicas por un monto total del $26.099.996, suma que ordenó reintegrar la Corte Suprema con intereses.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y el abogado (i) Antonio Barra- acogió la acción cautelar presentada por la empresa Comercial Agrícola e Industrial Novapro SpA, tras establecer la responsabilidad del banco por la sustracción de los dineros bajo su custodia.
La resolución establece que en el banco recae finalmente el deber de eficaz custodia material del dinero, debiendo adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para tal fin.
El fraude informático ocurrió el día 7 de agosto del año 2018, cuando la asistente de la empresa afectada ingresó al sitio web del banco, con el objetivo de realizar transferencias electrónicas para pago de proveedores, requiriéndole el sistema el ingreso del código de digipass.
La asistente digitó el código y de inmediato se bloqueó el sistema y a continuación comenzó a ejecutar una serie de inusuales transferencias electrónicas por un monto total del $26.099.996, suma que ordenó reintegrar la Corte Suprema con intereses.
