La bancada de diputados del Partido Socialista redactó, junto a sus abogados asesores, un informe preliminar en derecho que desestima la pertinencia de la acusación constitucional impulsada por el Frente Amplio contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, tras el fallido protocolo de objeción de conciencia por aborto en tres causales.
Según consigna este miércoles El Mercurio, con este informe del PS la iniciativa del FA podría fracasar al no contar con el apoyo necesario para sustentarla ante las dos cámaras.
Uno de los reclamos del PS, más allá de los cuestionamientos de fondo, apunta a que el FA no les había entregado -hasta la noche del martes- sus fundamentos para hacer la acusación.
Además, el diputado Leonardo Soto se quejó por emplazamientos del Frente Amplio por la prensa y por intentar dividir a la oposición, más que buscar responsabilidades políticas de Santelices.
El Mercurio publica que el informe del PS desestima la presentación del libelo mediante dos apreciaciones: la jurídica y la política.
En la primera, plantea en su punto 7, denominado “déficit”, que “se requiere un nivel de precisión de los actos u omisiones imputables directamente al ministro, a fin de precisar el núcleo de la imputación, no se debe perder de vista que se trata de una acusación que debe satisfacer estándares de congruencia a objeto de garantizar un debido proceso”, señala el texto.
El documento añade que, “por una parte, de manera extraoficial se menciona el affaire protocolos en materia de aborto en tres causales, que fue un asunto que los propios parlamentarios pusieron a consideración de la Contraloría con el dictamen que se ha conocido recientemente. Este punto puede ser un argumento de la defensa, se trataba de una discordancia interpretativa que fue resuelta institucionalmente. El dictamen coincide con la interpretación auténtica de la ley de aborto en tres causales”.
Sobre el aspecto político, advierte que “más allá de lo jurídico, en términos políticos, en todo lo anterior no se debe perder de vista la plausibilidad de contar con votos suficientes para poder aprobar la acusación. La pregunta que subsiste es si se trata de la última herramienta, existiendo en trámite una ley interpretativa (aprobada en comisión anoche), y lo ordenado por el dictamen es que estas materias deben ser reguladas por reglamento”.
Entre los diputados socialistas existe el convencimiento de que ahora no es oportuno hacer el requerimiento, sobre todo porque existen otras salidas institucionales. “No resulta del todo claro que haya conductas directas del ministro que violen de hecho la ley, sino más bien son puntos de interpretación jurídica”, expresó Soto.
El informe concluye que no debería proceder la acusación “a menos que se pruebe que a sabiendas de la ilegalidad de su acto” el ministro incurrió en el acto, argumentando que para ello se debe “suponer dolo” en su accionar.
Según consigna este miércoles El Mercurio, con este informe del PS la iniciativa del FA podría fracasar al no contar con el apoyo necesario para sustentarla ante las dos cámaras.
Uno de los reclamos del PS, más allá de los cuestionamientos de fondo, apunta a que el FA no les había entregado -hasta la noche del martes- sus fundamentos para hacer la acusación.
Además, el diputado Leonardo Soto se quejó por emplazamientos del Frente Amplio por la prensa y por intentar dividir a la oposición, más que buscar responsabilidades políticas de Santelices.
El Mercurio publica que el informe del PS desestima la presentación del libelo mediante dos apreciaciones: la jurídica y la política.
En la primera, plantea en su punto 7, denominado “déficit”, que “se requiere un nivel de precisión de los actos u omisiones imputables directamente al ministro, a fin de precisar el núcleo de la imputación, no se debe perder de vista que se trata de una acusación que debe satisfacer estándares de congruencia a objeto de garantizar un debido proceso”, señala el texto.
El documento añade que, “por una parte, de manera extraoficial se menciona el affaire protocolos en materia de aborto en tres causales, que fue un asunto que los propios parlamentarios pusieron a consideración de la Contraloría con el dictamen que se ha conocido recientemente. Este punto puede ser un argumento de la defensa, se trataba de una discordancia interpretativa que fue resuelta institucionalmente. El dictamen coincide con la interpretación auténtica de la ley de aborto en tres causales”.
Sobre el aspecto político, advierte que “más allá de lo jurídico, en términos políticos, en todo lo anterior no se debe perder de vista la plausibilidad de contar con votos suficientes para poder aprobar la acusación. La pregunta que subsiste es si se trata de la última herramienta, existiendo en trámite una ley interpretativa (aprobada en comisión anoche), y lo ordenado por el dictamen es que estas materias deben ser reguladas por reglamento”.
Entre los diputados socialistas existe el convencimiento de que ahora no es oportuno hacer el requerimiento, sobre todo porque existen otras salidas institucionales. “No resulta del todo claro que haya conductas directas del ministro que violen de hecho la ley, sino más bien son puntos de interpretación jurídica”, expresó Soto.
El informe concluye que no debería proceder la acusación “a menos que se pruebe que a sabiendas de la ilegalidad de su acto” el ministro incurrió en el acto, argumentando que para ello se debe “suponer dolo” en su accionar.
