La Presidenta Michelle Bachelet recibió este lunes la memoria de la demanda que presentará Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra de Bolivia por el caso del río Silala.
Chile defiende que de los 8,5 kilómetros que mide el Silala, 3,8 están en territorio boliviano y 4,7 forman parte de su soberanía, por lo que debería ser considerado un río internacional.
En la memoria, Santiago incluye mapas y evidencias como argumentos para obtener el respaldo de los jueces del tribunal internacional.
Bolivia, en cambio, considera que el Silala está formado por vertientes cuyas aguas fueron canalizadas en 1908 al norte de Chile para el aprovechamiento de la empresa chilena Bolivian Antofagasta Railway.
Después de una reunión con el canciller Heraldo Muñoz, la Presidenta declaró que “Bolivia no puede apropiarse de aguas que son compartidas”.
“Bolivia dice ser propietaria del río, negando a Chile el derecho a usar sus aguas y acusando que nos hemos apropiado ilegalmente del recurso. La verdad es que lo que nuestro país le ha solicitado a la Corte es que declare que el río es compartido y que el uso que hacemos de él es un derecho que nos otorga el derecho internacional consuetudinario”, añadió.
Prosiguió manifestando que “nuestra demanda está respaldada por argumentos muy sólidos, entre los que se encuentra el hecho de que Bolivia reconoció el carácter internacional del río por más de 100 años, posición que cambió abruptamente en 1999 sin ninguna justificación”.
“Además, Chile cuenta con todos los antecedentes científicos para probar ante la Corte que estamos frente a un afluente que cruza de Bolivia hacia Chile. Disponemos en este sentido de suficiente evidencia geológica, hidroquímica, morfológica, biológica e hidrológica para afirmar sin dudas que el Silala es un río internacional”.
Insistió que “Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. La decisión de presentar la demanda ante la Corte no fue tomada de manera rápida, nosotros intentamos solucionar por vías diplomáticas esta diferencia, sin embargo en última instancia nos vimos en la obligación de tomar acciones legales para proteger nuestros derechos”.
Chile defiende que de los 8,5 kilómetros que mide el Silala, 3,8 están en territorio boliviano y 4,7 forman parte de su soberanía, por lo que debería ser considerado un río internacional.
En la memoria, Santiago incluye mapas y evidencias como argumentos para obtener el respaldo de los jueces del tribunal internacional.
Bolivia, en cambio, considera que el Silala está formado por vertientes cuyas aguas fueron canalizadas en 1908 al norte de Chile para el aprovechamiento de la empresa chilena Bolivian Antofagasta Railway.
Después de una reunión con el canciller Heraldo Muñoz, la Presidenta declaró que “Bolivia no puede apropiarse de aguas que son compartidas”.
“Bolivia dice ser propietaria del río, negando a Chile el derecho a usar sus aguas y acusando que nos hemos apropiado ilegalmente del recurso. La verdad es que lo que nuestro país le ha solicitado a la Corte es que declare que el río es compartido y que el uso que hacemos de él es un derecho que nos otorga el derecho internacional consuetudinario”, añadió.
Prosiguió manifestando que “nuestra demanda está respaldada por argumentos muy sólidos, entre los que se encuentra el hecho de que Bolivia reconoció el carácter internacional del río por más de 100 años, posición que cambió abruptamente en 1999 sin ninguna justificación”.
“Además, Chile cuenta con todos los antecedentes científicos para probar ante la Corte que estamos frente a un afluente que cruza de Bolivia hacia Chile. Disponemos en este sentido de suficiente evidencia geológica, hidroquímica, morfológica, biológica e hidrológica para afirmar sin dudas que el Silala es un río internacional”.
Insistió que “Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. La decisión de presentar la demanda ante la Corte no fue tomada de manera rápida, nosotros intentamos solucionar por vías diplomáticas esta diferencia, sin embargo en última instancia nos vimos en la obligación de tomar acciones legales para proteger nuestros derechos”.
