•Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación, U.Central.
Luego de conocer el proyecto de ley “Aula Segura”, que se encuentra impulsando el Ministerio de Educación, creo que ninguna persona en su sano juicio, podría avalar la violencia contra los actores que participan de la comunidad estudiantil. Menos aún, que sujetos destruyan las instalaciones públicas que pertenecen al Estado de Chile.
La medida que el Gobierno espera sea aprobada por el Poder Legislativo, pretende la expulsión inmediata y cancelación de matrícula de aquellos estudiantes que “hagan uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas prohibidos por ley; agresiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimento”. Lo anterior, entregándoles facultades a los rectores y/o directores de colegios, para que en un plazo de 5 días adopten medidas.
Al respecto, será el Ministerio de Educación quien tendrá la responsabilidad de reubicar al estudiante que ha infringido la ley, entregándole las acciones de apoyo necesarias. Es aquí donde surgen la interroganten: ¿Cuáles serán esas acciones que se brindarán? ¿en qué establecimientos serán reubicados los estudiantes infractores? Creo que es necesario conocer estas respuestas, en el entendido que más allá del daño ocasionado, también se vele por un acompañamiento efectivo de estos jóvenes que serán trasladados a otros centros educacionales. Es muy probable que sean estudiantes que tengan alguna resistencia por el sistema educativo chileno, que sería interesante indagar a través de ciertos especialistas como: psicólogos, sociólogos, profesores, entre otros profesionales que colaboren con esta intranquilidad que los aqueja.
Hay que entender qué problemas sociales de este tipo son de responsabilidad del Estado y del gobierno de turno, pero no se solucionan con un decreto de ley. Además hay que escuchar, dialogar y llegar a acuerdos, como la sociedad democrática que somos. En nuestro país, las acciones de maltrato y menoscabo hacia los Derechos Humanos, no se pueden permitir. La escuela y quienes trabajan en ella, son el fiel reflejo de la formación para la vida de los chilenos y resulta ilógico que sujetos externos a ella la destruyan sin justificación alguna.
Por ahora, tendremos que esperar si esta ley será o no aprobada, solo así se harán evidentes sus resultados y acciones frente a los estudiantes que produzcan violencia, pero que a la vez, recibirán una suerte de apoyo reubicándolos en otras comunidades educativas.
•Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación, U.Central.
Luego de conocer el proyecto de ley “Aula Segura”, que se encuentra impulsando el Ministerio de Educación, creo que ninguna persona en su sano juicio, podría avalar la violencia contra los actores que participan de la comunidad estudiantil. Menos aún, que sujetos destruyan las instalaciones públicas que pertenecen al Estado de Chile.
La medida que el Gobierno espera sea aprobada por el Poder Legislativo, pretende la expulsión inmediata y cancelación de matrícula de aquellos estudiantes que “hagan uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas prohibidos por ley; agresiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimento”. Lo anterior, entregándoles facultades a los rectores y/o directores de colegios, para que en un plazo de 5 días adopten medidas.
Al respecto, será el Ministerio de Educación quien tendrá la responsabilidad de reubicar al estudiante que ha infringido la ley, entregándole las acciones de apoyo necesarias. Es aquí donde surgen la interroganten: ¿Cuáles serán esas acciones que se brindarán? ¿en qué establecimientos serán reubicados los estudiantes infractores? Creo que es necesario conocer estas respuestas, en el entendido que más allá del daño ocasionado, también se vele por un acompañamiento efectivo de estos jóvenes que serán trasladados a otros centros educacionales. Es muy probable que sean estudiantes que tengan alguna resistencia por el sistema educativo chileno, que sería interesante indagar a través de ciertos especialistas como: psicólogos, sociólogos, profesores, entre otros profesionales que colaboren con esta intranquilidad que los aqueja.
Hay que entender qué problemas sociales de este tipo son de responsabilidad del Estado y del gobierno de turno, pero no se solucionan con un decreto de ley. Además hay que escuchar, dialogar y llegar a acuerdos, como la sociedad democrática que somos. En nuestro país, las acciones de maltrato y menoscabo hacia los Derechos Humanos, no se pueden permitir. La escuela y quienes trabajan en ella, son el fiel reflejo de la formación para la vida de los chilenos y resulta ilógico que sujetos externos a ella la destruyan sin justificación alguna.
Por ahora, tendremos que esperar si esta ley será o no aprobada, solo así se harán evidentes sus resultados y acciones frente a los estudiantes que produzcan violencia, pero que a la vez, recibirán una suerte de apoyo reubicándolos en otras comunidades educativas.
•Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación, U.Central.
