Para la presidenta del gremio, Trinidad Steinert, la propuesta generaría falencias al no ser posible otorgar libertad a quien puede ser considerado como un peligro para la sociedad.
“No es simple, no es que pase por la facultad del ente persecutor el tiempo de una investigación y si se pone como límites seis meses vamos a quedar con una falencia, en donde efectivamente una persona que fue privada de libertad por principios tan importantes como que constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, esto se va a alterar por el solo transcurso del tiempo”, dijo.
“Por lo tanto, como Asociación no podemos estar de acuerdo“, recalcó.