La Asociación de Constructores Civiles UC dio a conocer su “más profunda preocupación ante la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que optó por rechazar el proyecto Egaña Comunidad Sustentable”.

Tal medida afecta hoy a más de 1.200 trabajadores, entre directos e indirectos; pero para el momento de mayor ejecución de obras, la iniciativa proyectaba sobre los 3.500 trabajadores, entre directos e indirectos.

Según indicaron, “la obra se encontraba con los permisos de edificación y permisos ambientales al día, por lo que esta determinación provoca incertidumbre en la inversión. Además, de los efectos colaterales que traerá para las trabajadoras y los trabajadores y todas las empresas involucradas, en tiempos inestables, que exigen cuidar el empleo”.

“Esta determinación agrega otra mala señal a lo que venimos observando como sector”, añadieron.

Detallaron que “la pandemia golpeó fuerte al rubro de la construcción, que aún no logra recuperarse y se mantiene con mucho esfuerzo. Producto del Covid 19, lo primero que afectó fue la escasez de mano de obra y el aumento de los costos laborales. También, el precio de los materiales se ha incrementado peligrosamente. Incluso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes reconoce que miles de viviendas sociales están en riesgo por el alto precio de los materiales”.

“A mediados del año pasado, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, dijo que en los meses de pandemia 2020, el sector perdió cerca de 450.000 empleos, de los cuales cerca de 300.000 se recuperaron los primeros meses de 2021. Se pensaba que la totalidad de los empleos perdidos se recuperarían durante comienzos de 2022. Pero aquí estamos, con un panorama muy preocupante a raíz de lo acontecido con el proyecto Egaña y cuando sabemos de empresas endeudadas, cierre de obras, contratistas a quienes no se les paga y personal que no recibe su sueldo al día. Incluso, podemos agregar la incerteza jurídica, que no sólo afecta a esta obra en particular, hay otras más. Porque una obra no comienza con sus fundaciones, parte en la legislación y normativas que rigen la construcción en nuestro país. Si desde esa base surgen incongruencias para la obtención de los permisos, que luego se quieren desconocer, entonces se requiere una revisión más profunda”, sostuvieron.

La Asociación de Constructores Civiles UC recordó que “la inversión en construcción explica la mayor parte de la inversión agregada del país. Como sector, trabajamos en forma directa con  unas 800.000 personas, aportando el 7% del PIB, el 9% del empleo nacional, además de ser una puerta de entrada al mundo laboral”.

Agregaron que “el 33% de inversión en construcción corresponde a vivienda, mientras que un 67% corresponde a infraestructura”.

“Por otra parte, materias aprobadas o en discusión en la Convención Constitucional, relacionadas con la construcción, no han hecho más que sumar inquietud al sector en el que nos desarrollamos”, indicaron.

La Asociación hizo “un llamado a las autoridades a buscar soluciones. La subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Claudia Sanhueza, reconoció que “se necesita la inversión privada en un sector que está decaído”.

Añadieron que “necesitamos recuperarnos, hacemos esfuerzos por cuidar el empleo de nuestros trabajadores, innovamos y promovemos el desarrollo sustentable, pero requerimos de reglas estables”.

“Manifestamos nuestro apoyo a los colegas profesionales y trabajadoras y trabajadores, que se ven afectados por esta medida y adherimos a la preocupación e incertidumbre que hoy sufren nuestros colegas de la industria y profesionales asociados”, remarcaron.