La Asociación de Clínicas criticó el proyecto de ley corta de isapres ingresado por el Gobierno para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla de factores de 2019 de la Superintendencia de Salud y a restituir dinero extra cobrado mediante otras tablas.

En total, nueve isapres deberán retornar cerca de $1,1 billón, una cifra que supera los US$1.422 millones por 725 mil contratos. Como el monto es tan alto, lo que busca el Ejecutivo con la iniciativa es entregar condiciones para que las prestadoras puedan acatar el mandato y responder a los afiliados perjudicados sin dejar de participar en el sistema de salud.

De aprobarse, la Superintendencia tendrá facultades en el tratamiento de datos. En tanto, a las isapres se le otorgarán seis meses para informar el número de contratos afectados por la adecuación de precio, el total de la deuda y una propuesta de plan de pago. Este último punto deberá ser visado por un Consejo Asesor, el cual se creará mediante la nueva legislación.

Al respecto, desde las clínicas señalaron que “este proyecto de ley se presenta en un momento complejo para el sector prestador privado, ya que a la incerteza sobre la subsistencia del sistema de isapres que vivimos hace meses –y que compromete la operación de muchos prestadores- se suma la dificultad por el alto nivel de deuda que las isapres mantienen con nuestros establecimientos“.

“La ley corta que hemos conocido no entrega soluciones concretas al sector y menos a las personas que necesitan urgentemente seguridad sobre la manera de dar solución a sus problemas de salud. Por ello, esperamos que en el Congreso se pueda levantar una discusión técnica, implementable, realista y sostenible en el tiempo, y que tenga como foco la continuidad en la atención de los pacientes”, añadieron.

Finalmente, desde el gremio indicaron que “esta instancia es en definitiva una oportunidad para arribar a soluciones que permitan evitar una severa crisis sanitaria. Como Asociación de Clínicas seguimos disponibles para colaborar en todo lo necesario para resguardar el bienestar de los pacientes del sistema público y privado que confían en nosotros”.