Una querella por injurias graves en contra de la diputada comunista, Carmen Hertz, presentará un grupo de civiles y uniformados en retiro que participaron y adhirieron a la dictadura.
Según explicó el abogado asesor de la Multigremial FFAA, Carabineros e Investigaciones en retiro, Raúl Meza, la acción legal se fundamenta en que la parlamentaria del Partido Comunista infirió una serie de acusaciones contra ese sector durante la interpelación que hizo al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el 6 de junio pasado.
En la oportunidad, indicó el jurista, Hertz señaló que “la tortura fue la práctica generalizada aplicada por efectivos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, quienes contaron con civiles que colaboraron entusiastamente”.
“A nuestro juicio, con sus expresiones injuriosas y agraviantes en contra de todos los funcionaros de las FFAA, Carabineros y policía de investigaciones, incluyendo a los civiles que participaron del gobierno militar, la legisladora está imputando, en términos generales, sin excepción el delito de tortura a este grupo de personas”, enfatizó Meza.
Subrayó que esas afirmaciones “las hace amparándose para ello, en la misma inmunidad parlamentaria que le fue negada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso al Diputado Urrutia, que estimó que las expresiones del parlamentario fueron injuriosas y provocaron un menoscabo y descrédito a los exonerados políticos”, cuando señaló que los detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados políticos eran terrotistas.
“En virtud del principio de igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución Política a toda persona, estimamos que las expresiones de la diputada Hertz provocaron un descrédito y deshonra a todos aquellos civiles y uniformados que nunca participaron en actos de tortura durante el Gobierno militar y en consecuencia, se les está atribuyendo una conducta delictiva que deberá ser acreditada judicialmente”.
Por ello sostuvo que sus representados esperan que la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso que desaforó al parlamentario de la UDI, aplique el mismo criterio judicial para sancionar los dichos de Carmen Hertz, “en contra de aquellas personas que, habiendo cumplido funciones en el Gobierno militar, nunca participaron en la calidad de autores, cómplices o encubridores de actos de tortura en contra de civiles integrantes de organizaciones subversivas de izquierda”.
Según explicó el abogado asesor de la Multigremial FFAA, Carabineros e Investigaciones en retiro, Raúl Meza, la acción legal se fundamenta en que la parlamentaria del Partido Comunista infirió una serie de acusaciones contra ese sector durante la interpelación que hizo al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el 6 de junio pasado.
En la oportunidad, indicó el jurista, Hertz señaló que “la tortura fue la práctica generalizada aplicada por efectivos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, quienes contaron con civiles que colaboraron entusiastamente”.
“A nuestro juicio, con sus expresiones injuriosas y agraviantes en contra de todos los funcionaros de las FFAA, Carabineros y policía de investigaciones, incluyendo a los civiles que participaron del gobierno militar, la legisladora está imputando, en términos generales, sin excepción el delito de tortura a este grupo de personas”, enfatizó Meza.
Subrayó que esas afirmaciones “las hace amparándose para ello, en la misma inmunidad parlamentaria que le fue negada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso al Diputado Urrutia, que estimó que las expresiones del parlamentario fueron injuriosas y provocaron un menoscabo y descrédito a los exonerados políticos”, cuando señaló que los detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados políticos eran terrotistas.
“En virtud del principio de igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución Política a toda persona, estimamos que las expresiones de la diputada Hertz provocaron un descrédito y deshonra a todos aquellos civiles y uniformados que nunca participaron en actos de tortura durante el Gobierno militar y en consecuencia, se les está atribuyendo una conducta delictiva que deberá ser acreditada judicialmente”.
Por ello sostuvo que sus representados esperan que la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso que desaforó al parlamentario de la UDI, aplique el mismo criterio judicial para sancionar los dichos de Carmen Hertz, “en contra de aquellas personas que, habiendo cumplido funciones en el Gobierno militar, nunca participaron en la calidad de autores, cómplices o encubridores de actos de tortura en contra de civiles integrantes de organizaciones subversivas de izquierda”.
