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Anuncian medidas legales para frenar huelga de médicos

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El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió este lunes con llevar a cabo “acciones constitucionales y legales” para reanudar la atención en hospitales públicos, tras 47 días de una huelga que calificó de “conspiración política antidemocrática“.

“He decidido, por la salud y la vida de nuestro pueblo, realizar todas las acciones constitucionales y legales para que retorne la atención médica a nuestro pueblo”, dijo el mandatario en la Casa de Gobierno.

Los médicos decidieron seguir la huelga a pesar de que el Congreso, dominado por el oficialismo, anulará este martes dos polémicos artículos del código penal.

“Hemos cumplido con nuestra palabra” en la anulación de los artículos referidos a la mala praxis y sus sanciones, pero “no podemos decir lo mismo de los colegios médicos, que después de ocho documentos y acuerdos firmados, siguen sin atender la salud a nuestro pueblo”, declaró Morales.

Según el presidente, “son otros los intereses que guían a la dirigencia médica que, aliada con sectores de la oposición, intenta llevar adelante una conspiración política antidemocrática“.

A las exigencias de abolición del código penal se sumaron, en las últimas horas, gremios de transportistas y de periodistas, los primeros amenazan con cortar rutas en oposición a las nuevas penas de homicidio culposo por accidentes, y los reporteros se oponen a sanciones por injuria, calumnia y difamación.

Aunque Morales no detalló el alcance de las “acciones legales y constitucionales”, las redes sociales se inundaron con denuncias y especulaciones acerca de inminentes medidas coercitivas. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aclaró en su cuenta Twitter que “no habrá Estado de sitio (excepción) y las Fuerzas Armadas no están acuarteladas“.

Los doctores amenazaron en días pasados con no prestar servicios en el Rally del Dakar, que pasará por Bolivia esta semana. También señalaron que profundizarán sus huelgas de hambre y los esporádicos cortes de ruta en el interior del país.

Según el gobierno la unificación contra el código penal es un ardid de la oposición para, en el fondo, oponerse a la decisión de Morales de postular a la presidencia en 2019, aunque el referendo de 2016 le negaba esa posibilidad.
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