El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió este martes ampliar a 60 días el plazo de cierre de la investigación para la arista judicial que investiga el convenio de más de $400 millones suscrito entre la fundación Democracia Viva y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta.

Según consigna La Tercera, la Fiscalía solicitó extender el plazo argumentando que hay diligencias pendientes: recopilación de testigos que aún no han declarado, informes periciales de contabilidad y análisis de la evidencia incautada durante el curso de la investigación.

De esta forma, el tribunal antofagastino accedió acoger la solicitud para llevar adelante las diligencias que se encuentran pendientes.

Transcurrido un año de conocerse el convenio, que dio pie a múltiples investigaciones de otras organizaciones a nivel nacional, Daniel Andrade se encuentra con arresto domiciliario y Carlos Contreras en prisión preventiva, ambos imputados de tres delitos de fraude al fisco.

De acuerdo a los antecedentes del caso, entre octubre y diciembre de 2020, la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió convenios con Democracia Viva por un total de $426 millones para el trabajo en campamentos. Tras explotar el caso en la prensa, la fiscalía inició una investigación de oficio.

El escándalo dio inicio al denominado caso Convenios, que se extendió a otras fundaciones en todo el país que recibieron recursos fiscales por trabajos no realizados. Sin embargo, el más emblemático de todos es el de Democracia Viva, por los personajes involucrados: el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras.

El escándalo arrastró a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien aseguró que el ministro Carlos Montes sabía de las irregularidades antes de que aparecieran en la prensa. El ministro negó la acusación.