La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, y al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, viajaron hasta la Región de Tarapacá para conocer en terreno los resultados de un amplio operativo policial bautizado como “Operación Caserío”.

El operativo conjunto fue realizado durante la mañana de este miércoles e incluyó recursos terrestres y aéreos del equipo de Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Alto Hospicio, en coordinación con la Fiscalía.

El operativo policial, que implicó el despliegue de 600 detectives provenientes de todo el país, responde a una investigación iniciada en 2021 contra una organización criminal dedicada al narcotráfico y que era liderada por chilenos.

En este contexto, se allanaron 70 domicilios en las comunas de Pozo Almonte, Alto Hospicio, Iquique y Pica, y en las localidades de Chanavayita, Matilla y Colonia Pintados, lo que permitió incautar 12 armas de fuego, municiones y drogas.

Por su responsabilidad en los delitos asociados a estas pesquisas, 38 personas, chilenas y extranjeras, fueron detenidas por la policía.

“En atención de distintas diligencias de investigación, tales como interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos y otras que es mejor no mencionar por ahora, se logró determinar la responsabilidad en el ilícito de tráfico de droga en pequeñas cantidades y determinar además que estamos en presencia de una asociación ilícita para cometer ese delito”, dijo la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

“Se organizaba a través de una estructura completa, donde está el líder, detenido actualmente, quien a través de la entrega de vehículos robados en el límite fronterizo, los cambiaba por drogas que después eran acopiadas en los distintos inmuebles”, detalló la persecutora.

Por su parte el director de la PDI, Eduardo Cerna, relató que se trata de “un proceso investigativo exitoso, relacionado con una estructura criminal conformada por chilenos y extranjeros, que de un tiempo a la fecha ha estado operando y generando temor en la ciudadanía”.

“Esta estructura criminal acopiaba armas, drogas, vinculaba a personas extranjeras a través de la trata y generaba un proceso permanente de acopiar riquezas, medios y vehículos”, añadió, además de precisar que “se está investigando” la existencia de trata de personas en el caso.

La ministra Carolina Tohá, por su parte, sostuvo que el caso tiene alcance nacional, debido al “tipo de banda que se está golpeando en esta oportunidad, que actúa en un territorio, pero que genera intimidación más allá del territorio en el que actúa”.

“Tiene también una dimensión internacional, no sólo porque los componentes de la banda incluyen a personas extranjeras, sino que también algunos de los delitos que cometían lo hacían haciendo operaciones que incluían territorios de otros países”, agregó.

A su turno, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que se trata de “una banda organizada y esta comunidad no sólo veía como se traficaba droga, sino que además aquí también se cometían otros delitos graves”.

Lo peor, afirmó, “es que esto es con control territorial, es decir, impiden que la comunidad ni siquiera los espacios públicos los puedan aprovechar”.