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Aliados del gobierno catalán piden proclamar definitivamente la independencia

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Las facciones más duras del separatismo presionan este viernes al presidente de Cataluña Carles Puigdemont para que proclame ya la República en esta región española cuya economía empieza a acusar los efectos de la crispación política.

El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, instó a Puigdemont a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.

Sólo a través de la proclamación de la República seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas” en el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, señaló este partido en una carta al presidente regional.

Puigdemont recibió el jueves por la noche una advertencia similar de la Asamblea Nacional Catalana, una asociación secesionista con un fuerte poder movilizador en las calles.

“Ante la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia“, señalaron en un comunicado.

Según el ejecutivo regional, en la consulta, prohibida por la justicia, un 90% de los votantes apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43% del censo, Puigdemont se comprometió a aplicar el resultado.

Sin embargo, el dirigente catalán pidió el martes ante el Parlamento regional la suspensión de los efectos de la independencia, a modo de “gesto” con el que propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.

La maniobra choca con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.

Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.
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