Manuel Baquedano, fundador del Instituto de Ecología Política de Chile.
Con la llegada de la temporada de verano, el calor se transforma en un tema de salud pública. El aumento anormal de las temperaturas es parte de la crisis climática y afecta principalmente a zonas altamente pobladas de nuestro territorio como la zona norte central.
Solo en Chile el aumento promedio de la temperatura en los últimos cinco años (2014-2019) ha sido de 0,46 grados Celsius lo que ha hecho aumentar la vulnerabilidad humana a la exposición al calor en un 7% desde 1990. De continuar por este camino, el aumento previsible de la temperatura global entre los 3,5 y 6,5 grados para finales del siglo producirá un efecto letal en un gran sector de la población ya que haría prácticamente inhabitables zonas importantes de nuestro territorio.
Esta información se desprende del informe global de The Lancet Countdown y Policy Brief para Chile, uno de los estudios internacionales más relevantes sobre los efectos de la crisis climática en la salud de las personas. Este mismo informe destaca que el impacto del calor sobre la población chilena se acrecienta por la presencia de tres factores: las olas de calor, los incendios forestales y la contaminación del aire.
En todo el mundo -y no solo en Chile-, la ausencia de políticas públicas con real impacto para enfrentar este problema, sobre todo las olas de calor, ha hecho que los sectores de más altos ingresos de la población recurran al aire acondicionado para soportar las altas temperaturas. Esta solución, con todos los aspectos positivos que puede tener, está generando al mismo tiempo una espiral infernal de retroalimentación negativa pues estos equipos funcionan con energías provenientes de una matriz basada en combustibles fósiles.
En el caso de Chile, el 65% de la matriz energética depende de combustibles fósiles. Si a esta situación le sumamos la sequía que debilita la producción hidroeléctrica, no sería extraño que 2019 sea un año récord en la utilización del carbón. Esto implica un aumento considerable en nuestras emisiones de CO2 y, en simultáneo, un incremento de la temperatura que tratamos de mitigar justamente con el uso del aire acondicionado.
Según el estudio “The Future of Cooling” ,de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por su sigla en inglés), en Estados Unidos el 90% de los hogares posee aire acondicionado. En nuestro país, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Chile realizado en 2016 por Javiera Trebilcock, se estima que para el 2022 existirán unas 130 mil viviendas con estos equipos, es decir, el 3% de los hogares.
En este contexto, no llama la atención que en el día inaugural de la COP25, que se desarrolló finalmente en Madrid, se haya tratado por parte de los especialistas el impacto de los aires acondicionados en el medio ambiente.
El uso masivo de estos equipos se está transformando en “un punto ciego de la transición energética”, como advierte Luca Lo Re, investigador de la Agencia Internacional de Energía. Incluso, podríamos agregar que se transforma en un factor de retraso ya que el sector energético junto con el transporte –donde se evidencia un aumento en el uso de vehículos, sobre todo los todoterrenos- son los principales responsables del incremento de las emisiones de CO2 de los últimos cuatro años. Todo esto entonces termina generando un verdadero círculo vicioso.
Los países productores de energía fósiles -carbón, gas y petróleo- ya han tomado en consideración esta situación y tienen planes, no para reducir su uso, sino por lo contrario, para aumentarlo significativamente durante la década del 2020. Esto contradice las metas de las Naciones Unidas, tal como lo dio a conocer la propia ONU en Madrid.
Procurarse en Chile de un aparato de aire acondicionado para el hogar, uno de buena calidad y potencia, cuesta alrededor de 500 dólares. Además, con el uso del equipo, el costo de la electricidad puede subir en unos 25 dólares mensuales. Entonces podemos concluir que no se trata de una inversión que pueda darse en una familia pobre.
La respuesta al estallido social, un estallido que denuncia la existencia de un verdadero “apartheid social”, parece concentrarse en satisfacer principalmente las demandas postergadas por largo tiempo vinculadas a la educación, la previsión y la salud. Sin embargo, seguiría quedando en manos del mercado la respuesta a la crisis climática a la hora de enfrentar las olas de calor, la provisión de agua potable y los incendios forestales.
Esta situación irá creando rápidamente, además de un nuevo “apartheid” social, uno que será climático y que más temprano que tarde originará nuevos estallidos sociales aún más grandes que el actual ya que el objetivo no será alcanzar una mejora en la calidad de vida sino que será por la supervivencia de amplios sectores de la población.
Si la nueva Constitución no modifica el sistema económico actual creemos que tendrá una duración breve pues deberemos enfrentar con urgencia el destino de nuestros bienes básicos y comunes como son la energía, el agua y el aire. Será indispensable gestionar estos recursos desde una perspectiva común para enfrentar con éxito el periodo de supervivencia que estaremos viviendo a raíz de la crisis climática en menos de 15 años.
Manuel Baquedano, fundador del Instituto de Ecología Política de Chile.
Con la llegada de la temporada de verano, el calor se transforma en un tema de salud pública. El aumento anormal de las temperaturas es parte de la crisis climática y afecta principalmente a zonas altamente pobladas de nuestro territorio como la zona norte central.
Solo en Chile el aumento promedio de la temperatura en los últimos cinco años (2014-2019) ha sido de 0,46 grados Celsius lo que ha hecho aumentar la vulnerabilidad humana a la exposición al calor en un 7% desde 1990. De continuar por este camino, el aumento previsible de la temperatura global entre los 3,5 y 6,5 grados para finales del siglo producirá un efecto letal en un gran sector de la población ya que haría prácticamente inhabitables zonas importantes de nuestro territorio.
Esta información se desprende del informe global de The Lancet Countdown y Policy Brief para Chile, uno de los estudios internacionales más relevantes sobre los efectos de la crisis climática en la salud de las personas. Este mismo informe destaca que el impacto del calor sobre la población chilena se acrecienta por la presencia de tres factores: las olas de calor, los incendios forestales y la contaminación del aire.
En todo el mundo -y no solo en Chile-, la ausencia de políticas públicas con real impacto para enfrentar este problema, sobre todo las olas de calor, ha hecho que los sectores de más altos ingresos de la población recurran al aire acondicionado para soportar las altas temperaturas. Esta solución, con todos los aspectos positivos que puede tener, está generando al mismo tiempo una espiral infernal de retroalimentación negativa pues estos equipos funcionan con energías provenientes de una matriz basada en combustibles fósiles.
En el caso de Chile, el 65% de la matriz energética depende de combustibles fósiles. Si a esta situación le sumamos la sequía que debilita la producción hidroeléctrica, no sería extraño que 2019 sea un año récord en la utilización del carbón. Esto implica un aumento considerable en nuestras emisiones de CO2 y, en simultáneo, un incremento de la temperatura que tratamos de mitigar justamente con el uso del aire acondicionado.
Según el estudio “The Future of Cooling” ,de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por su sigla en inglés), en Estados Unidos el 90% de los hogares posee aire acondicionado. En nuestro país, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Chile realizado en 2016 por Javiera Trebilcock, se estima que para el 2022 existirán unas 130 mil viviendas con estos equipos, es decir, el 3% de los hogares.
En este contexto, no llama la atención que en el día inaugural de la COP25, que se desarrolló finalmente en Madrid, se haya tratado por parte de los especialistas el impacto de los aires acondicionados en el medio ambiente.
El uso masivo de estos equipos se está transformando en “un punto ciego de la transición energética”, como advierte Luca Lo Re, investigador de la Agencia Internacional de Energía. Incluso, podríamos agregar que se transforma en un factor de retraso ya que el sector energético junto con el transporte –donde se evidencia un aumento en el uso de vehículos, sobre todo los todoterrenos- son los principales responsables del incremento de las emisiones de CO2 de los últimos cuatro años. Todo esto entonces termina generando un verdadero círculo vicioso.
Los países productores de energía fósiles -carbón, gas y petróleo- ya han tomado en consideración esta situación y tienen planes, no para reducir su uso, sino por lo contrario, para aumentarlo significativamente durante la década del 2020. Esto contradice las metas de las Naciones Unidas, tal como lo dio a conocer la propia ONU en Madrid.
Procurarse en Chile de un aparato de aire acondicionado para el hogar, uno de buena calidad y potencia, cuesta alrededor de 500 dólares. Además, con el uso del equipo, el costo de la electricidad puede subir en unos 25 dólares mensuales. Entonces podemos concluir que no se trata de una inversión que pueda darse en una familia pobre.
La respuesta al estallido social, un estallido que denuncia la existencia de un verdadero “apartheid social”, parece concentrarse en satisfacer principalmente las demandas postergadas por largo tiempo vinculadas a la educación, la previsión y la salud. Sin embargo, seguiría quedando en manos del mercado la respuesta a la crisis climática a la hora de enfrentar las olas de calor, la provisión de agua potable y los incendios forestales.
Esta situación irá creando rápidamente, además de un nuevo “apartheid” social, uno que será climático y que más temprano que tarde originará nuevos estallidos sociales aún más grandes que el actual ya que el objetivo no será alcanzar una mejora en la calidad de vida sino que será por la supervivencia de amplios sectores de la población.
Si la nueva Constitución no modifica el sistema económico actual creemos que tendrá una duración breve pues deberemos enfrentar con urgencia el destino de nuestros bienes básicos y comunes como son la energía, el agua y el aire. Será indispensable gestionar estos recursos desde una perspectiva común para enfrentar con éxito el periodo de supervivencia que estaremos viviendo a raíz de la crisis climática en menos de 15 años.
Manuel Baquedano, fundador del Instituto de Ecología Política de Chile.
