La comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, realizará este lunes las últimas audiencias antes de emitir su informe a la Sala de la Cámara de Diputados, donde se votará el libelo este miércoles.

Si la acusación es aprobada por la Cámara Baja, pasará al Senado que actuará como jurado y, de ser aprobada nuevamente, el secretario de Estado será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

El libelo consta de siete capítulos y los principales están relacionados con la vulneración al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, sobre todo en las orientaciones sexuales, y el incumplimiento del rol de supervigilancia del Mineduc.

La comisión revisora tiene mayoría oficialista y está integrada por Tomás Hrisch (Acción Humanista), Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Ind-PPD), Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillán (Ind). Tras las audiencias, deberá remitir a la Sala un informe con su recomendación de aprobar o rechazar la acusación.

Para que prospere se requiere de la mayoría simple. En un conteo preliminar, Chile Vamos y el Partido Republicano actuarían como un solo bloque (23 votos UDI, 23 RN, 4 Evópoli, 12 Partido Republicano), lo que suma 62 votos.

A ellos se sumarían al diputado Gonzalo de la Carrera (Ind), Karen Medina (PDG), Francisco Pulgar (PDG) y al menos seis de los siete miembros de la bancada Social Cristiana e independientes, entre ellos las impulsoras de la acusación constitucional Francesca Muñoz y Sara Concha.

De esta manera, la acusación contra Ávila tendría el respaldo de 71 diputados. La cámara tiene 155 miembros, por lo cual la aprobación dependerá de los parlamentarios presentes en la Sala al momento de la votación.

Especial importancia tienen los diputados no alineados como la Democracia Cristiana (que cuenta con cinco votos), el Centro Democrático Unido (CDU), integrado por ex DC, como Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio, y parlamentarios del Partido de la Gente, como Rubén Oyarzo y Grapar Rivas, quienes aún mantienen su posición en suspenso.

Los capítulos que conforman la acusación son:

CAPÍTULO I: Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”.

CAPÍTULO II: Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.

CAPÍTULO III: Infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva” del Ministerio de Educación.

CAPÍTULO IV: Infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo.

CAPÍTULO V: Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público.

CAPÍTULO VI: Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.

CAPÍTULO VII: Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública, con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación.