Un grupo de activistas y periodistas denunciaron legalmente este lunes al gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles, según documenta una investigación periodística que fue rechazada por la presidencia del país, argumentando que no existe prueba alguna de dicho espionaje.

Tanto los denunciantes como el diario estadounidense The New York Times, que publicó este lunes el reportaje, apuntan al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y narcotraficantes.

“Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano lejos de hacer lo que deben hacer legalmente han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves”, dijo la destacada periodista Carmen Aristegui, una de las presuntas agraviadas, en una conferencia de prensa.

Aristegui es una periodista con mucho prestigio en México. En 2014 reveló que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera, había comprado una mansión de 7 millones de dólares a un importante contratista del gobierno.

La investigación señala que el espionaje, dirigido contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por una empresa israelí, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa Nacional de México y a la Fiscalía Federal (PGR).

La denuncia, presentada ante la PGR, es por delitos de acceso ilegal a comunicaciones privadas y a sistemas, “más los delitos que se acumulen”, explicó Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una de las responsables de la investigación.

“¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal?”, cuestionó Aristegui.

En una respuesta dirigida al editor del diario estadounidense, el vocero de la presidencia de México, Eduardo Sánchez, sostuvo que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”.

El espionaje en México, dijo por su parte Ana Cristina Ruelas, directora en México de la organización Artículo 19, “se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujo de información y abuso de poder”.

ESPIONAJE VÍA SMS

La denuncia tiene antecedentes similares en países como Etiopía y naciones del norte de África, caracterizadas por gobiernos autoritarios, dijo por su parte, John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab y responsable tecnológico del informe.

“Este es el caso más claro que mis colegas y yo conocemos de abuso y el más claro ejemplo de mal uso de este tipo de tecnología”, afirmó.

Las víctimas del espionaje recibieron SMS que llegaban desde direcciones o dominios falsos supuestamente pertenecientes a servicios de noticias, redes sociales y hasta de la embajada de Estados Unidos, acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo.

Aristegui recibió directamente en su teléfono 24 mensajes de texto, entre enero de 2015 y julio de 2016, aunque otros 32 mensajes llegaron a miembros de su equipo periodístico y hasta a su hijo adolescente.

Otras víctimas de estos ataques son Mario Patrón, director de un organismo de derechos humanos que abogó por víctimas de sonados casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014, y el periodista y presentador principal de la cadena Televisa, Carlos Loret de Mola.

“Quieren hacernos sentir vulnerables (…) Ya lograron crear un clima de inseguridad, de temor y de impunidad para todos los que buscamos difundir verdades incómodas”, denunció Loret de Mola, en un mensaje grabado.

Los denunciantes han documentado 76 casos de intento de infección con el malware denominado Pegasus, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016.