El fiscal nacional Jorge Abbott dio a conocer a todos los fiscales la nueva “Política de comunicaciones del Ministerio Público”, normativa que restringe las declaraciones públicas de los persecutores sobre casos de contingencia nacional que, eventualmente, puedan llegar a ser investigados penalmente. Incluso, califica como “corrupción” la filtración de causas.

La Tercera dio a conocer hoy párrafos destacados del nuevo instructivo. Uno indica que esta política “es un marco de acción para la gestión de nuestras comunicaciones que establece, entre otros, principios y valores, objetivos y roles que cada uno de nosotros ejercemos a la hora de comunicarnos hacia fuera de la institución y también internamente, entendiendo que todos quienes trabajamos en la Fiscalía de Chile somos, en parte, responsables del resguardo de la imagen institucional”.

Entre los objetivos específicos de este nuevo enfoque comunicacional se señala que se debe “moderar, orientar y equilibrar las expectativas que las víctimas y testigos, la ciudadanía, los agentes de la opinión pública y los actores del sistema político mantienen respecto de los resultados de la gestión del Ministerio Público”.

Se hace énfasis en que no se puede entregar “información sensible” a terceros “sin autorización del Fiscal Nacional o del Fiscal Regional, según corresponda”. El documento también especifica cuáles son los canales a través de los cuales los fiscales pueden hablar con los medios de comunicación.

Asociación de fiscales: “es una especia de Ley Mordaza”

El párrafo más polémico indica que “fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, a fin de evitar la afectación al principio de objetividad. Con tal propósito, y resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no”.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, declaró a La Tercera que esto “marca un quiebre”. Según la abogada, “puede entenderse que se está refiriendo efectivamente a las cuentas privadas de los fiscales (redes sociales) y, por lo tanto, es algo que vamos a conversar con el fiscal nacional, porque entendemos que por vía reglamentaria o vía oficio no puede abordar o expandir su autoridad a la vía privada de los actores del Ministerio Público”.

La abogada también señaló que “hay partes complicadas y que atentan contra la libertad de expresión, lucha que el gremio ha dado en forma histórica (…). Yo creo que esta es una especie de ‘ley mordaza’, nos preocupa este oficio”.

Otro de los segmentos controversiales es el que señala que “la filtración o divulgación indebida de información sujeta a reserva es una infracción grave de los deberes funcionarios, lo que para el Ministerio Público constituye un acto de corrupción, sujeto a sanciones administrativas y a las responsabilidades civiles y penales que correspondan”.

Al respecto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, declaró al diario que “llama la atención, porque el vocablo corrupción nosotros lo entendemos en transparencia internacional como el abuso de una posición para obtener un beneficio personal sobre el interés general, y en este caso no veríamos cómo una opinión personal podría ser un interés particular del fiscal y entorpecer el interés general”.

La Fiscalía Nacional expresó a La tercera que “la política de comunicaciones en ningún caso puede considerarse una ‘ley mordaza’, pues se ajusta estrictamente a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del MP”. Acerca de la calificación de “corrupción” en las filtraciones, sostienen que “fue incluida a solicitud del Consejo General de Fiscales”.

En el comunicado de Abbott también se fijaron los voceros oficiales de la fiscalía: el fiscal nacional, los fiscales regionales, los fiscales jefes y adjuntos en las causas bajo su dirección.